La investigación disciplinaria contra el registrador Alexander Vega Rocha que abrió la Procuraduría busca determinar si el funcionario pudo incurrir en faltas disciplinarias con posibles irregularidades que se presentaron en las elecciones legislativas del 13 de marzo pasado.
En ente de control le abrió investigación por extralimitación de sus funciones, al exigir identificación biométrica de los votantes, presuntamente en desconocimiento de las disposiciones legales que la regulan, irregularidades en la selección y contratación de la empresa Indra Sistemas S.A., por la existencia de situaciones que comprometerían la transparencia de la selección. También porque habría un posible conflicto de intereses con esta empresa.
El Registrador Nacional también será investigado por una presunta omisión en sus funciones en la toma de decisiones tendientes a evitar irregularidades y hacer la debida vigilancia y control en el preconteo de las votaciones, y por el incumplimiento de sus funciones por deficiencias, falencias u omisión en la capacitación de los jurados de votación.
También se abrió indagación preliminar a funcionarios por establecer de la Registraduría, por presuntas irregularidades que pudieron presentarse en la administración de las plataformas de software usadas en el proceso de inscripción de cédulas.
La procuradora General, Margarita Cabello, informó que esta decisión fue tomada con base en las 1.600 quejas que el órgano de control ha recibido luego de las elecciones legislativas. Algunas de esas quejas van centradas por las constantes fallas que se registraron en el conteo de votos para el nuevo Congreso y la falta de tarjetones para las coaliciones presidenciales.
Así mismo, manifestó que la Procuraduría ya tiene las primeras decisiones de cuatro procuradores delegados disciplinarios para analizar las 1.600 quejas y denuncias recibidas.
Han estudiado cerca de 400 denuncias encontrando mérito para abrir 33 actuaciones disciplinarias por posibles irregularidades cometidas por los jurados de votación, errores en la inscripción de cédulas, compra de votos y constreñimiento al elector y anomalías en los puestos de votación, entre otros.
Adicionalmente la procuradora, Margarita Cabello requirió a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral para que informe, en el término de cinco días, el plan estratégico completo para las próximas elecciones presidenciales que permita, de forma preventiva, eliminar o mitigar los riesgos o hechos como los que se presentaron el pasado 13 de marzo.
“La ciudadanía en general y los candidatos en particular, se encuentran no solo expectantes, sino que demandan de todas las entidades del Estado, control y trabajo articulado que brinde plenas garantías frente a la debida transparencia del certamen electoral”, puntualizó la Procuradora en una carta enviada a las dos entidades.
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