Las declaraciones del presidente Gustavo Petro y de su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, han dejado al descubierto un posible giro institucional en el país. Desde distintos sectores se interpreta que el Gobierno estaría avanzando en una hoja de ruta para convocar una asamblea constituyente con el propósito de reformar profundamente —e incluso desmontar— pilares del actual sistema democrático colombiano, como el Congreso de la República y órganos de control como la Procuraduría.
“Hay instituciones que son un obstáculo”
Este miércoles, 12 de junio, el ministro Montealegre, exfiscal general y redactor principal del decreto que convoca a una consulta popular el próximo 7 de agosto, afirmó en entrevista con Blu Radio que “Después de 30 años, ya nos ha demostrado que hay instituciones en la Constitución del 91 que se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social y que necesitan un rediseño profundo”.
La afirmación encendió las alarmas en sectores políticos y académicos, que ven en esta postura un intento deliberado por deslegitimar el actual esquema de pesos y contrapesos y avanzar hacia una refundación del Estado por vía de una constituyente.
Las 8 millones de firmas y el “plan B”
La noche del miércoles 11 de junio, en Cali, el propio presidente Petro reveló lo que parece ser el siguiente paso en su estrategia: “Lo que sigue son 8 millones de firmas […] y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán”.
Petro hizo esta afirmación en el contexto de posibles reveses jurídicos al decreto que convoca la consulta popular. El Senado ya había votado negativamente el mecanismo en mayo, y expertos anticipan que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado podrían declararlo nulo por vicios de trámite y falta de aval legislativo.
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Cerrar el Congreso: ¿propuesta marginal o tesis oficial?
La preocupación crece al recordar declaraciones anteriores de figuras cercanas al petrismo. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual dirigente de la plataforma Gobierno del Cambio, dijo en 2023:“Si gano la presidencia, cierro el Congreso y convoco a una constituyente”.
Y no es el único. Militantes del ala más radical del Gobierno han planteado abiertamente la eliminación del Congreso como vía para “acelerar las transformaciones sociales”. El propio presidente Gustavo Petro, en múltiples ocasiones, ha expresado críticas directas a la Procuraduría General de la Nación, a la que ha señalado como un “órgano politizado” que obstaculiza la voluntad popular.
¿Es viable una constituyente para cerrar el Congreso?
El artículo 376 de la Constitución permite convocar una asamblea nacional constituyente con el respaldo del Congreso o mediante referendo popular. Sin embargo, la Corte Constitucional ha sido clara: una constituyente no puede usarse como herramienta para eludir el orden legal ni para desmontar la separación de poderes.
La hipótesis que inquieta a varios sectores es la posibilidad de que el Gobierno, al no contar con el respaldo del Congreso, intente invocar mecanismos excepcionales —como un estado de conmoción interior— para legitimar una convocatoria constituyente con base en la movilización ciudadana y las firmas recolectadas.
Riesgo de ruptura institucional
Para juristas consultados por La Opinión, lo que se configura no es simplemente un proceso de reforma: es un intento de reconfiguración total del sistema institucional, con riesgo de debilitar la democracia representativa y consolidar un modelo de concentración de poder.
Organizaciones como Dejusticia y la Misión de Observación Electoral han advertido que las reformas sustanciales al sistema político deben pasar por canales deliberativos formales, y no por mecanismos de presión popular fuera de la legalidad.
¿Qué sigue?
Mientras se espera el pronunciamiento del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la validez del decreto, el país asiste a un momento de alta tensión política. En medio de un clima polarizado, con el senador Miguel Uribe aún hospitalizado tras un atentado, la discusión sobre los límites del poder presidencial y la legitimidad del Congreso se vuelve central.
El debate no es de izquierda o derecha. Es un debate sobre la vigencia del orden constitucional y el respeto por las instituciones.
