A una semana de cumplirse cuatro meses del atentado terrorista contra el peaje de Villa del Rosario, las labores para su demolición y reconstrucción continúan atrasadas por asuntos legales.

Miguel Ángel Flórez, veedor social de Villa del Rosario, indicó que entre los hechos que produjeron el retraso están las  labores de reconstrucción que ejecutó la Unión Temporal de Peajes Nacionales (Utpn), días después del atentado.

De acuerdo con el veedor, el problema radicó en qué estas obras se iniciaron sin las debidas licencias urbanísticas que otorga el municipio, lo que ocasionó que el inspector de Policía Jaime Castro Martínez convocará a unas audiencias tras las quejas ciudadanas.

Declaró que en las audiencias hechas en marzo, las obras se suspendieron y la inspección estableció una multa de 200 salarios mínimos a la Utpn. Informó además que se le solicitó a la unión un estudio patológico estructural.

Agregó que aunque el consorcio se defendió jurídicamente, aun así perdieron el proceso y el pasado 9 de mayo el alcalde de Villa del Rosario, Camilo Suárez, ratificó estas decisiones.

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En ese sentido, aclaró que el 15 de mayo la Unión Temporal pagó la multa, obteniendo una disminución en la misma por el pronto pago. Asimismo el veedor dijo que por el incumplimiento de tiempos y requisitos en el estudio patológico, la decisión de demoler el peaje se mantuvo. 

Frente a esta decisión, añadió que la Unión Temporal de Peajes interpuso en mayo una medida cautelar solicitando la suspensión de la orden, la cual fue negada por el juez promiscuo segundo de Villa del Rosario. 

Miguel Ángel Flórez indicó que Invías también interpuso una tutela en la cual argumentaba que se les violó los debidos procesos.

Explicó que la misma la respondió el inspector Jaime el pasado lunes y este la envió al juez promiscuo segundo para la decisión final.

Por otra parte, destacó que a principios de junio la comunidad entregó a la Registraduría Municipal 3.000 firmas para convocar un cabildo abierto con el Concejo Municipal y la Alcaldía, exponiéndoles su negación frente a la reconstrucción del peaje. 

Pese a ello expresó que el mismo no tendrá repercusión ya que el cabildo se usa para temas del Concejo y ni ellos ni la Alcaldía tienen la potestad de eliminar o reubicar el peaje. 

Además, dijo que se están adelantando firmas para la consulta popular. Sobre ella informó que de realizarse, la misma debe plantear una pregunta relacionada con el otorgamiento de licencias de construcción, más no de la eliminación o reubicación del peaje ya que ese aspecto es competencia del Ministerio de Transporte.

Futuro del peaje 

En cuanto a la tutela interpuesta por Invías, el inspector de Policía Jaime Martínez, explicó que está solicitaba iniciar el proceso policivo desde cero.

Mencionó que entre las respuesta que ofreció no se violaron los debidos procesos ya que de acuerdo con el contrato 1702 de 2021, el administrador del peaje es la Unión Temporal de Peajes Nacionales. 

Expuso que en respuesta a la tutela se aclaró el procedimiento que ha adelantado la inspección. 

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Sostuvo que el juez tiene 10 hábiles para dar respuesta a está acción legal. Recalcó que si el fallo resulta a favor de la administración municipal se ejecutará la demolición del peaje, la cual ya tiene una orden. De igual manera sostuvo que luego de tres días ambas partes pueden apelar la tutela.

Sobre la demolición, aclaró también que por demora en el cumplimiento de la orden, esta la ejecutará la Alcaldía, haciendo luego el cobro de gastos a la Utpn. Declaró que luego de la demolición, la Unión Temporal puede dirigirse a la oficina de control urbano para iniciar los trámites y licencias de intervención.

Destacó que el otorgamiento o negación de las licencias se les otorgaría tras 45 días hábiles.

El veedor ciudadano Miguel Ángel Flórez, aseguró que “durante los 45 días la comunidad puede oponerse por escrito ante la subsecretaría de control urbano para impedir el otorgamiento de licencias”. 

Igualmente señaló que él hace cuatro años solicitó al Concejo de Estado la reubicación del peaje hacia La Parada.

Por su parte, el inspector Jaime indicó que entre los trámites correspondientes que se realizarán se encuentra la publicación de un edicto en un diario oficial de la región para que las personas puedan argumentar su acuerdo o desacuerdo con la instalación del peaje, influyendo esto en el otorgamiento final de licencias.

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