La Opinión
Suscríbete
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Política
‘Ley de humanización no cumple el Acuerdo de Paz’
La crítica es del representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero.
Authored by
Image
La opinión
La Opinión
Sábado, 13 de Mayo de 2023

Esta semana fue radicada en el Congreso la primera ponencia de la llamada Ley de Modernización y Humanización al Sistema Carcelario que promueve el Gobierno Nacional y el contenido de la iniciativa vuelve a despertar críticas.

En esta oportunidad el encargado de poner el dedo en la llaga fue el representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, quien asegura que la propuesta que se está impulsando desde el Ministerio de Justicia no cumple con lo que se pactó en el Acuerdo de Paz de La Habana.


Lea también: De un pedregal de Ragonvalia, Domingo Torres sacó el mejor café del país


Según el congresista, en este proyecto de ley, cuyo principal objetivo es la resocialización, se siguen tratando a los campesinos que son pequeños cultivadores de hoja de coca, como delincuentes.

“Lo primero es que lo propuesto suspende la pena y no extingue la acción penal; lo segundo es que desconoce que el campesino pequeño cultivador no solo cultiva, sino que, además, transforma y comercializa”, planteó el dirigente.

 La iniciativa del Gobierno señala que “para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional”, el artículo 63 del Código Penal, que hace referencia a la suspensión de la ejecución de la pena, incluirá el siguiente parágrafo:

“Con independencia de lo dispuesto en el numeral 1 del presente artículo, cuando se trate de los delitos de que tratan los artículos 375, 376, 377 y 382 del Código Penal, el juez podrá conceder este mecanismo, supeditándolo a la participación del condenado en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) o a cualquier otro programa de tránsito a la legalidad o servicio de utilidad pública diseñado para dicho fin, siempre y cuando se trate de pequeños agricultores en situación de pobreza que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito”.


Le puede interesar:¿Se eliminaría el subsidio a la gasolina en Norte de Santander?


No obstante, el vocero de las víctimas del Catatumbo en el Congreso insiste en que, en términos prácticos, al campesino que pueda ser capturado en un cambuche o en un rancho donde se esté llevando a cabo el procesamiento de la coca no se le aplica ningún beneficio, pese a que el Acuerdo de Paz señaló todo lo contrario.

“Por eso digo que el proyecto no cumple las expectativas de los campesinos pequeños cultivadores y sigue tratándolos como delincuentes. Además, a eso se suma la situación que viven hoy los campesinos, que están en una situación económica bastante difícil, por la comercialización de las pasta base y la falta de alternativas de sustitución por parte del Gobierno”, dijo Quintero.

Paralelo a la propuesta que impulsa el Ministerio de Justicia, el congresista del Catatumbo abandera un proyecto en esa misma línea que busca, igualmente, establecer un tratamiento penal diferenciado, transitorio y condicionado para los cultivadores de plantaciones de uso ilícito.


Lea aquí:Invertirán una millonada para impulsar el aguacate y la miel de abeja de Norte de Santander


Sin embargo, en este texto sí se hace énfasis en que su principal propósito es, “la renuncia, por parte de la autoridad competente, al ejercicio de la acción penal o su extinción, según sea el caso, así como la extinción de la pena o de la acción de extinción de dominio por la conductas tipificadas en el artículo 375 de la Ley 599 de 2000, por única vez, y con previa verificación del acogimiento a los Programas Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) o cualquier otro programada estatal destinado a la sustitución de cultivos de uso ilícito”.

A propósito de la propuesta, Quintero se reunió en los últimos días con la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas; el director de la ART, Raúl Delgado, y el director del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, Felipe Tascón, para definir la agenda de acciones concretas para la protección de los derechos de los campesinos y campesinas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion 

Temas del Día