El domingo se cumplió el plazo que fijó el Gobierno nacional para avanzar en el tránsito de la disidencia del frente 33 de las Farc a una zona de preagrupamiento o de ubicación temporal en el Catatumbo, pero hasta el momento  ese nuevo paso en el proceso de diálogo no se concreta.

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Según quedó consignado en el Decreto 0448, entre las cero horas del pasado 18 de abril y las 24 horas del 18 de mayo, el presidente de la República ordenó suspender las operaciones militares y ofensivas contra los integrantes del autodenominado Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio- Gentil Duarte y frente Raúl Reyes de las Farc.

Lo anterior, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y logística necesarias para avanzar en el tránsito a Zonas de Ubicación del Bloque Magdalena Medio y “en la construcción de condiciones para que el restante de los integrantes del EMBF transiten hacia el desarrollo de una fase avanzada del proceso de paz, mediante el tránsito Zonas de Ubicación”.

Comenzando mayo, las delegaciones del Gobierno y representantes del frente 33 anunciaron un acuerdo suscrito en Cúcuta para la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), en el área rural de Tibú, a la cual llegarían los integrantes del frente 33 que opera en esta zona del departamento. Sin embargo, desde entonces no ha habido nuevos anuncios sobre esa fase.

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Recientemente, en diálogo con La Opinión, Gloria Quiceno, vocera del Gobierno en la mesa de diálogo, explicó que desde que se hizo el anuncio sobre la instalación de la ZUT en el Catatumbo arrancó el proceso para su consolidación.

“Estamos organizando todo lo que tiene que ver con el desplazamiento, cómo va a ser ese tránsito desde los sitios donde están las unidades del frente 33 hacia ese lugar. En ese momento el país conocerá todos los detalles que el presidente está revisando y aprobando en este momento. Pero ya arrancamos”, manifestó Quiceno el pasado 6 de mayo.

No obstante, el Gobierno no ha dado luces todavía sobre cómo ni cuándo se anunciará por parte del presidente Gustavo Petro el decreto que le da vía libre a la Zona de Ubicación, el punto específico donde se establecerá y las condiciones para su funcionamiento.

Esta semana, el consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, manifestó en la emisora Blu Radio que todavía falta por definir temas importantes relacionados con el proceso de preagrupamiento y que por esa razón era muy probable que se ampliara el tiempo del cese de operaciones para asegurar el traslado de los hombres en armas a la ZUT.

También en entrevista con La Opinión, Andrey Avendaño, comandante de la disidencia del frente 33, advirtió que los procesos de paz no eran procesos de sometimiento y dejó claro que si el futuro que les espera son dos semanas para concentrarse, “nosotros no estamos dispuestos a eso”.

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“La paz y los procesos de diálogo no son procesos de sometimiento. Nosotros no estamos en este proceso porque estemos acabados por el Eln o porque estemos derrotados militarmente. Estamos en este proceso porque creemos y queremos generar alternativas para la gente de la región del Catatumbo. Eso no quiere decir que estemos desmoralizados y que por eso estamos dando el paso hacia la ZUT”, dijo Avendaño.

La advertencia de la defensora

Ante la incertidumbre que ha despertado el futuro de la concentración de la disidencia del frente 33, la defensora del Pueblo, Iris Marín, urgió al Gobierno a decidir cuanto antes si prorroga o no el cese de operaciones ofensivas contra el Estado Mayor.

Para la titular de la entidad, una de las  preocupaciones que les asiste es que si esa suspensión de los operativos no está enmarcada en un cese bilateral del fuego, de qué forma el Gobierno verificará que la disidencia no utilice la zona para ganar control territorial y poblacional.

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En ese mismo sentido, pide respuestas en torno a la manera en la que la protección del Estado a la ZUT no representará una ventaja militar para los disidentes, pues considera que se debe proteger a la población frente al accionar armado tanto de la disidencia como del Eln.

“¿Cómo se evitará que el riesgo para la población civil aumente con el establecimiento de esta Zona de Ubicación en el epicentro del conflicto armado entre el Eln y el frente 33?”, fue otra de las inquietudes que la defensora le trasladó al Gobierno para que la analice.

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