A Juan Francisco Alvarado, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro, núcleo Portuguesa, lo arrestaron el 20 de marzo en el poblado de Apartaderos, entre los estados Cojedes y Portuguesa, indicó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). El motivo fue la publicación de denuncias contra el Gobierno de Nicolás Maduro en sus redes sociales, por lo que el Estado venezolano lo acusó de instigación al odio. 

La organización precisó que el 26 de marzo Alvarado fue presentado ante tribunales de control del Circuito Judicial Penal de Acarigua en el estado Portuguesa, y fue imputado por el mencionado delito. El joven permanece recluido en el calabozo del Punto de Atención al Ciudadano (PAC) de la Guardia Nacional “La Cascada”.

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en Venezuela rechazó las acusaciones contra Alvarado e instó a las autoridades venezolanas a garantizar la seguridad e integridad y el respeto a los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, del joven. Así mismo, exhortó a los cuerpos de seguridad a cesar las acciones intimidatorias con los trabajadores de la prensa. 

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Alvarado es la vigésimo séptima detención dentro del gremio periodístico, y su caso forma parte de los 281 arrestos de actores políticos, periodistas y activistas de derechos humanos (DDHH) contabilizados desde los comicios presidenciales del 28 de julio de 2025, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció como ganador de la contienda a Nicolás Maduro sobre Edmundo González Urrutia, lo que desató una serie de protestas que fueron castigadas con represión gubernamental. 

De los 281, 248 pertenecen al grupo de dirigentes y activistas políticos, 26 son periodistas y siete son defensores de DDHH. Gran parte de las detenciones se efectuaron sin órdenes de captura ni causas explícitas. Algunas víctimas fueron abordadas en las calles o sacadas de sus hogares por funcionarios del Estado sin orden de allanamiento.

Este total, a su vez, pertenece a un universo de más de 2.000 personas que han sido arrestadas por razones políticas desde el 28J.

En la mira gubernamental

La coordinadora en el municipio Caroní, estado Bolívar, del partido opositor Vente Venezuela, Leomary Espina, fue detenida arbitrariamente por funcionarios del régimen en una alcabala (punto de control policial) en la localidad de Cúpira, Miranda, cuando regresaba de la capital del país, Caracas, el 21 de febrero, reportó la Comité de DDHH de Vente.

Días más tarde, Manuel Mora, dirigente político del partido opositor Voluntad Popular, fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en la población fronteriza El Amparo del estado Apure, el 27 de febrero, cuando salía de una misa en conmemoración de los dos años del asesinato de su hijo a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según informó en sus redes sociales el politólogo y fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, Nicmer Evans. Sus familiares aún no han podido verlo.

Vente Venezuela, partido de la líder opositora María Corina Machado, ha sido el más afectado de todos, con 78 arrestos, seguido de Primero Justicia con 35, Voluntad Popular con 24 y Un Nuevo Tiempo con ocho detenciones.

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De este grupo, solo 67 han sido liberados, lo que representa 27% del total de los privados de libertad.

El Gobierno ha tachado a varios de estos detenidos como terroristas. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, señaló con ese término a uno de los detenidos en febrero, el ex concejal y dirigente de Voluntad Popular, Luis Somaza, quien fue secuestrado el 12 de febrero “del lugar donde se encontraba resguardado por la persecución del régimen” en el municipio Baruta del estado Miranda, según el relato de su hermana, Valeria Somaza.

De los 26 periodistas, 18 fueron excarcelados en el transcurso de los meses. Aún mantienen tras las rejas a Rory Branker, Julio Balza, Leandro Palmar, Salvador Cubillán, Víctor Ugas, José Camero y Roland Carreño, detenidos después de las elecciones.  

En el caso de los activistas, cuatro se mantienen detenidos: el abogado del Foro Penal, Kennedy Tejera; el defensor de los DDHH de los pueblos indígenas, Henry Gómez; la coordinadora de Formación Ciudadana Electoral de Súmate, Nélida Sánchez, y el italiano cooperante en la organización Humanity and Inclusion, Alberto Trentini.

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El cooperante italiano fue presuntamente arrestado el 15 de noviembre en el país y su situación estuvo desconocida por dos meses. Los parientes urgieron al Gobierno italiano “llevar a cabo todos los esfuerzos diplomáticos posibles y necesarios” para dialogar con las autoridades venezolanas y permitir la liberación y regreso a Italia de Trentini.  

Fuentes no oficiales han asegurado que Trentini se encuentra aislado en una celda de 2×2 metros en la cárcel de El Rodeo, en Miranda, acusado de conspiración contra el Gobierno de Maduro. El 7 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del italiano.

Muertes en custodia y denuncia internacional

Hasta la fecha, seis presos políticos han muerto en custodia del Estado por razones de salud y falta de atención médica, ya que, de acuerdo con las denuncias excarcelados, familiares, dirigentes, activistas y ONG defensoras de derechos humanos, los reclusos viven en condiciones infrahumanas de hacinamiento, insalubridad y alimentación deficiente en los penales venezolanos.

La organización venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió se atienda la salud de presos que tienen enfermedades crónicas y otras patologías como los opositores Américo de Grazia y Carlos Chancellor, ambos dirigentes guayaneses, Perkins Rocha, abogado y vocero de campaña de Machado, y Juan Iriarte, activista de Vente Venezuela en el estado Vargas. 

El Comité de DDHH de Vente también denunció los casos de salud de María Isabella García, dirigente de Primero Justicia(PJ), Rafael Ramírez Colina, exalcalde de Maracaibo, estado Zulia, y Edgar Sarabia, dirigente político de Vente.

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“El derecho a la salud es un derecho humano fundamental reconocido por instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece la obligación de los Estados de garantizar el acceso a servicios médicos a todas las personas, especialmente a aquellos que se encuentran privados de libertad”, apuntó JEP. 

Un balance publicado por la organización Foro Penal reportó un balance de 901 presos políticos para el 27 de marzo, de los cuales 88 son mujeres, 167 militares y cinco son menores de edad. Desconocen el paradero de 59 personas, agregó la ONG.

En su actualización del 18 de marzo, la Misión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas sobre Venezuela denunció que el Gobierno “sigue llevando a cabo acciones constitutivas del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, cometidas en relación con el delito de encarcelamiento o privación grave de libertad física y otros delitos”.

La Misión solicitó al Consejo de DDHH de la ONU que instara al Estado venezolano a liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, y les proporcione atención médica adecuada y oportuna mientras estén detenidas.

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