La minería es uno de los renglones económicos más importantes en Norte de Santander, destacándose como el tercer productor de carbón del país, pero el departamento no escapa al flagelo de la explotación ilegal por parte de organizaciones delincuenciales.

El año pasado, según cifras aportadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc), la minería ilegal registraba un aumento del 8 % en el territorio colombiano.

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Este hecho ha llevado a las autoridades judiciales a emprender medidas que les permitan atacar a las estructuras delincuenciales que se han estado lucrando durante años de este negocio, y el operativo realizado por la Policía Nacional junto a la Fiscalía General de la Nación es prueba de ello.

Lo anterior se llevó a cabo bajo la operación Tatenen II, que buscaba incautar los bienes muebles e inmuebles de una estructura delincuencial denominada bajo el mismo nombre, que se dedicaba a la extracción y explotación ilícita de carbón en la modalidad de socavón en Norte de Santander.

Después de las labores investigativas, la Policía logró dar con la ubicación de 19 bienes que pertenecerían a esta banda, a los cuales se les aplicó la extinción de dominio. Cuatro de los inmuebles estaban esparcidos en tres municipios del departamento: dos en Cúcuta y otros dos en Chinácota y Chitagá.

Asimismo, esta medida cautelar cubrió los bienes restantes: una retroexcavadora, un establecimiento de comercio, dos sociedades comerciales y 11 vehículos, entre volquetas, camionetas, camiones, camperos y automóviles.

Las propiedades, que estarían avaluadas en más de 3.100 millones de pesos, fueron puestas bajo este requerimiento porque durante las investigaciones se habría logrado constatar que se adquirieron con dinero ilícito, proveniente de la explotación de carbón.

Según las autoridades, con este operativo se estaría afectando no solo el patrimonio de la estructura que se lucraba a costa de las afectaciones al medio ambiente, sino también debilitando su músculo financiero.

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Tatenen

Esta estructura fue desarticulada en 2022, después de que las autoridades le siguieron la pista durante un tiempo, y al descubrir cómo operaba, le llegaron hasta el sitio donde se encontraba en ese momento, en la vereda Burgua, en Chitagá.

Su modus operandi era extraer el mineral de las bocaminas que estaban en esta zona por medio de un socavón y, tras extraerlo, lo transportaban y comercializaban en diferentes centros de acopio de Norte de Santander.

En el operativo se produjo la captura de nueve de sus miembros quienes fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales y porte de armas y municiones de uso restringido.

Esta medida se dio después de constatar que los sospechosos manipulaban explosivos, martillos neumáticos y otros sistemas mecanizados para obtener carbón a gran escala, que estaba generando graves afectaciones a las fuentes hídricas que abastecían a los municipios de Chitagá y Tibú.

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