Entre las 12:15 y las 2:00 de la madrugada de ayer, en varias localidades de la ciudad, especialmente en las comunas 1 y 10, se escucharon fuertes explosiones y disparos en pleno silencio nocturno tras el ataque del Eln contra la Brigada 30 del Ejército en el barrio San Rafael.
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“Llevaba 15 minutos de haberme despertado para ir al baño cuando se estremeció la casa y sonó el primer bombazo, de una vez desperté a mi marido. Pasaron varios minutos y se escuchó el otro muy cerca también, pero el tercero si ya estuvo más alejado. Luego sonaron balazos, tenía mucho miedo”, con este tipo de relatos, vecinos aledaños a la base militar, horas después del hostigamiento, relataban los dramáticos minutos que vivieron.
Según un comunicado del Ejército, se presentaron dos lanzamientos de artefactos explosivos en la parte baja de las instalaciones del cantón militar San Jorge y otra en el cerro conocido como Núcleo 86.
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“Nuestras unidades de inmediato respondieron y aunque no hubo heridos o daños a la estructura física, los militares dispararon con sus fusiles hacia el lugar de donde se habían registrado los lanzamientos, los criminales al ver la reacción huyeron y dejaron 4 granadas sin estallar que luego neutralizamos”, afirmó el coronel César Karan, comandante de la Brigada 30.
A las 9:30 de la mañana, el Ejército hizo una detonación controlada de explosivos, que los subversivos dejaron en medio de un asentamiento humano cercano, generando nuevamente temor entre los pobladores vecinos y transeúntes.
Un hostigamiento amargo
La crítica situación del Catatumbo a la que se suman los hostigamientos, las extorsiones, desplazamiento forzado y demás actos delictivos provenientes de los grupos al margen de la ley, poco a poco, han escalado y afectado a la capital nortesantandereana, junto con sus municipios aledaños.
En los últimos días, se han presentado cuatro atentados a la Fuerza Pública en el sector metropolitano, dos de ellos dirigidos hacia la caravana de seguridad del general Óscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), y contra la estación policial de Astilleros, afectada por una volqueta repleta de explosivos.
¿Qué pasa con esta región del país?
La abogada Eliana Zafra, presidenta del Capítulo Permanente de Derechos Humanos (CPDH) Norte de Santander, aseguró que este incremento de la violencia es una problemática que ya ha sido advertida en varias oportunidades a los entes gubernamentales, así mismo, resalta que estas acciones son la evidencia de una estrategia de seguridad que no está funcionando.
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“Seguimos insistiendo en cómo este escenario es producto de la no implementación del Acuerdo de Paz, hay que hablar que más allá de una situación de violencia, estamos en plena crisis humanitaria departamental. Pasa en Tibú, Teorama, Convención, San Calixto, Puerto Santander, Toledo y así la lista continúa”, aseguró.
Además, resaltó su preocupación por la omisión de los actores armados a no llevar una agenda pública que respete los derechos humanos y sostuvo que las violaciones de derechos son diarias en varios sectores del departamento.
“Se han hecho alertas y enviado desde años, pero creen que la única solución es militarizar. El tiempo les ha demostrado que ese no es el camino para llegar a transformar un territorio. Hay que pensar en crear diálogos con entidades gubernamentales sobre la prevención de escenarios violentos, eso implicaría activar un consejo de paz, una mesa territorial de garantías y convocar a organizaciones de la población civil”, explicó Zafra.
Sus denuncias –aclaró- van más encaminadas hacia los daños contra la población civil y manifestó que si bien el atentado de Astilleros fue dirigido hacia la Policía, poco se habló del acompañamiento a las familias y comerciantes cercanos que también sufrieron afectaciones.
“Hay una sentencia de la Corte Constitucional de hace varios años que ordena a la Policía construir sus estaciones fuera de los lugares donde reside población civil, justamente para no ponerlos en riesgo como sucedió ese viernes”, concluyó.
¿Qué ha pasado con los atentados?
El general Moreno ofreció hasta 100 millones de pesos a quien de información sobre los presuntos responsables de estos hechos teniendo en cuenta que en la vía principal de Astilleros desactivaron alrededor de 28 artefactos explosivos en cuatro detonaciones controladas, cerca a la estación de Policía de esa vereda de El Zulia.
Manuel Pradilla, alcalde de El Zulia, señaló que trabajan en conjunto con la Policía y el Ejército haciendo acompañamientos e informando el sentir de la comunidad, sin embargo el oficio de velar por la seguridad de los ciudadanos, recaía en la Fuerza Pública.
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Y aunque extraoficialmente se rumora que, al parecer, sería el frente 33 de la disidencia de las Farc el responsable del atentado en la estación, el mandatario no lo confirmó.
“La verdad es muy incierto, sabemos que fue un grupo criminal, pero no se sabe de dónde, puede ser el Eln, Epl o la disidencia, pero se están haciendo los análisis respectivos. Activaremos alertas de seguridad como la revisión a camiones que lleven relleno o la hora para cerrar establecimientos comerciales, así estarán más atentos a cualquier eventualidad”, dijo el alcalde.
El punto neurálgico donde más se siente presencia de grupos armados en el municipio, según el mandatario local, es en el corredor vial de la vereda de Astilleros, pues es el camino donde se puede llegar tanto al corazón de Catatumbo como al centro y zona norte del país.
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