El número de muertos que cobra la guerra en el Catatumbo es alarmante.

Según el balance oficial que manejan las autoridades del Puesto de Mando Unificado, instalado por la Gobernación de Norte de Santander, 22 personas han perdido la vida en medio de cruentos ataques de acuerdo con los reportes de Medicina Legal, pero los subregistros apuntan a que la cifra se acera a los 80, tal como lo confirmó el gobernador William Villamizar al cierre de esta edición.
 
George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana del departamento, detalló que de los 22  levantamientos oficiales que se han hecho hasta el momento, 12 han sido en Cúcuta, cuatro en Ocaña y tres en Sardinata, donde hay morgue.

De acuerdo con las autoridades, muchos de estos fallecidos, tanto excombatientes como civiles, permanecían en sus casas porque, en vista de la situación nadie podía salir y por esa misma razón tampoco se podía ingresar a la zona para hacer la respectiva inspección judicial.

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Frente a este panorama, muchos cuerpos están siendo enterrados por sus familiares, lo que va a dificultar el conteo preciso de víctimas. Por otra parte, se conoció que seis firmantes de paz se encuentran desaparecidos.

“Esto es un exterminio”

Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz en Norte de Santander, calificó lo que está sucediendo como “un exterminio”, en razón de los reportes recibidos por parte de líderes sociales, que hablan de personas secuestradas por el Eln en diferentes zonas de los municipios afectados, a quienes se les indaga su posible relación con militantes de las Farc y en consecuencia deciden sobre sus vidas.
 
Niño indicó que la acción urgente que ha pedido al Ministro de la Defensa es apoyo aéreo humanitario, “porque lo que necesitamos es ir a sacar a las personas”, dijo.

El funcionario cree que la negativa del Gobierno de reanudar diálogos con el Eln, puede agudizar el conflicto, pero también comprende y respalda la postura estatal, ante la poca voluntad de paz del grupo guerrillero.

El alto consejero para la paz señaló que esta situación no se había visto en el Catatumbo desde los años 2000 y finales de los 90, cuando fue la arremetida paramilitar. “Y es que están actuando de manera selectiva, buscando en las casas. Entonces, vemos gente que está huyendo de miedo, está llena de pánico”, dijo.

En medio de esta estampida y el ambiente de terror, Niño señaló que los reportes hablan de pueblos desolados, tanto por la gente que ha salido, como por los que se quedan, pero en total confinamiento, sin poder salir siquiera a buscar alimento. “Si eso es en los cascos urbanos, imagínese las veredas”, indicó.

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¿Demanda penal en puerta?

“Esto se veía venir desde hace meses. Fuimos muchos los que lanzamos alertas para que el Gobierno implementara políticas preventivas que garantizaran la seguridad de los habitantes, pero no fuimos escuchados”, afirmó Enrique Pertuz, presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Departamental de Paz y coordinador general de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos de Norte de Santander.

Pertuz señaló que la falta de respuesta del Gobierno Nacional podría considerarse como una omisión grave, por lo que, desde la organización que lidera, están evaluando la presentación de una demanda penal contra el Ejecutivo, por no haber tomado medidas para prevenir el conflicto.

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Según el defensor, incluso los comandantes de las organizaciones armadas ilegales habían señalado el riesgo latente en la región durante las negociaciones de paz con el Estado.

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