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Judicial
Cárcel para 16 miembros de una familia por adulterar licores en Norte de Santander
15 de ellos fueron condenados a más de 43 meses en prisión.
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La opinión
La Opinión
Domingo, 15 de Junio de 2025

Durante casi un año los hermanos de la familia Latorre consiguieron el sustento para vivir por medio de la venta de reconocidas marcas de licores, de toda clase, whisky, vodka, aguardiente y ron, el problema es que no tenían los permisos para su distribución, y eran sus propias versiones de estas bebidas, hechas en condiciones precarias de salud en Cúcuta, y distribuidas a Santander y Norte de Santander.


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La idea de negocio empezó desde noviembre de 2023, encabezada por los hermanos José Joaquín, Judith, Henry, Mercedes, Carlos Olinto y Alberto Antonio Jaimes. Quienes idearon todo un plan, en el que además, terminaron involucrando a sus diferentes núcleos familiares, esposas, hijos y hasta sobrinos en dicho negocio que se extendió hasta septiembre del año pasado.

Los otros capturados fueron identificados como: Maricela Galvis Pérez, Carla Patricia Pulido Cruz, Claudia Yanet Solano Ortiz, Wilmer Hernán Correa Torres, Jorge Andrés Vargas Pérez, Elio Javier Añez Maldonado, Fidel Gelvez Toloza, Ana Cenaida Delgado Martínez, Carlos Alberto Gómez Rodríguez y Alberto Antonio Jaimes Rivera.

Todos fueron declarados responsables de los delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, corrupción de alimentos, concierto para delinquir, usurpación de propiedad industrial. Adicionalmente a Alberto Antonio Jaimes Rivera le imputaron porte ilegal de armas de fuego, pues en el operativo encontraron tres armas de fuego en su propiedad.

Las autoridades lograron demostrar que estas personas vulneraban la propiedad intelectual de las empresas productoras de estos productos, los responsables aceptaron los cargos y 15 de ellos fueron condenados a 43 meses y 24 días de prisión, mientras que Jaimes Rivera fue sentenciado a cinco años y cinco meses.


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El proceso

La investigación fue en conjunto entre la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional, y pudo demostrar que esta organización delincuencial fue creciendo en miembros, donde cada uno cumplía un rol. Algunos se encargaban de conseguir las botellas, tapas y cajas originales, una vez habían sido vaciadas y adquiridas por personas dedicadas al reciclaje.

Uno de los integrantes era el dueño de un local de artes gráficas, en el que falsificaban las etiquetas, cintas y estampillas. Adicionalmente, con la ayuda de un propietario de una comercializadora de sustancias y productos químicos, completaban el proceso para hacer pasar los recipientes como originales.

Los licores eran producidos artesanalmente al interior de las casas de los involucrados, en pésimas condiciones higiénicas y de salubridad, usando equipos e insumos, para hacer pasar licores de bajo costo como productos de alta calidad.

La elaboración de las bebidas alcohólicas estaba a cargo de un ingeniero industrial, quien hacía fórmulas químicas para la fabricación de los licores que adulteraban.

En el proceso incautaron dos máquinas troqueladoras y una máquina industrial de un metro de altura, de gran valor comercial.


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La captura

Las autoridades le siguieron el paso durante meses a la familia involucrada, recurrieron a varios métodos, vigilándolos, siguiéndolos, incluso haciendo compras controladas para recopilar suficiente información.

Con el material probatorio pudieron generar 18 diligencias de allanamiento y registro a sus viviendas en Cúcuta, en los barrios Belén, Gaitán, La Hermita, Loma de Bolívar, Nuevo Horizonte, Rudesindo Soto, Cundinamarca, El Llano, Centro y Buenos Aires, logrando 16 capturas el 25 de septiembre del año pasado.

En los registros encontraron dos armas traumáticas, un revólver calibre 38 milímetros, con 38 cartuchos, 880 botellas de licor adulterado, 4.180 unidades de insumos secos y diferentes elementos, como filtros, canecas, medidores, entre otros, con los cuales podrían producir 500 botellas al mes.

Todo lo incautado tenía un valor aproximado de 100 millones de pesos. Según las autoridades, los productos eran enviados a diferentes sitios de comercialización de bebidas, en Cúcuta, Pamplona y Bucaramanga.


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