Todavía sigue fresco el recuerdo del poderoso Zeus, militar retirado vinculado con la formación de grupos paramilitares y con tentáculos en el narcotráfico, quien se escapó de una estación de policía, en Cúcuta, porque la cárcel de la ciudad sigue llevando a cuestas el problema del hacinamiento.

Si hemos tenido que cruzar pasajes de esa naturaleza con fugas de celdas improvisadas, llama la atención que ahora al penal cucuteño vayan a ser enviados unos 100 condenados procedentes de prisiones de Antioquia.

No es el momento de protestar, es la hora de reclamarles al Ministerio de Justicia y al Inpec que tengan en cuenta la situación carcelaria en la principal  ciudad colombiana en la frontera con Venezuela y procedan a tomar los correctivos definitivos.

La región tiene que exigirle a la cartera de Justicia que adopte un plan para enfrentar la superpoblación carcelaria con la financiación del proyecto del penal municipal para los internos que todavía no han recibido la respectiva condena.

Lo que se tiene que hacer es reclamar para que se pongan punto final a la práctica, que ha arrojado malos resultados,  cual es la conversión en ‘cárceles provisionales’ a las sedes policiales y transformando, cuando no lo son, en carceleros a los agentes de la institución.

Eso es lo urgente y necesario para la capital de Norte de Santander que enfrenta altos niveles de inseguridad ciudadana, puesto que en últimas se trata de episodios que al irse acumulando ocasionan un acrecentamiento de los elementos que alimentan la violencia.

Así nos digan que los reclusos que vendrán a pernoctar en la Modelo de Cúcuta son de baja peligrosidad y supuestamente no representan riesgo alguno, lo cierto es que en lugar de esa clase de traslados se debería aprovechar más bien para eliminar definitivamente la sobrepoblación en las celdas de la cárcel y desocupar de detenidos las estaciones policiales.

Entonces, hay que sugerirles al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) que revisen ese procedimiento de los traslados, teniendo presente las complicadas condiciones y los suspendan mientras se toman las decisiones de fondo para sofocar los problemas existentes.

Hay que rodear al alcalde Jorge Acevedo en su reclamo al Gobierno nacional, al considerar que “no es justo que nos envíen contraventores de la ley de otras ciudades, cuando nosotros acá tenemos una problemática tan grande”.

Las regiones tienen derecho a reaccionar frente a determinaciones de esa naturaleza, puesto que a todas luces en esta oportunidad no hay ninguna justificación, teniendo en cuenta que por ejemplo el centro carcelario cucuteño registra 960 detenidos adicionales  cuando la capacidad real es de 2.651 personas  privadas de la libertad.

Confiemos en que las autoridades carcelarias tengan presente el contexto y las condiciones actuales de la prisión y este asunto se aproveche para buscar soluciones definitivas, porque tampoco es fácil entender que no se permita que desde las instalaciones policiales se trasladen los presos hasta la cárcel, pero en cambio sí haya autorización expedita para que desde otras regiones nos envíen personas condenadas.    

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