¿Cuántos combatientes en armas del frente 33 de la disidencia de las Farc van a llegar a la zona de ubicación, en el sector rural de Tibú?

¿Van a hacer dejación de las armas para hacer el tránsito hacia la vida civil mediante un acuerdo de paz?

¿De qué forma va a funcionar una zona de paz, como la denomina el presidente Petro, en un área de guerra como el Catatumbo?

Más que interrogantes, los anteriores son desafíos sobre los cuales la comunidad de Norte de Santander reclama precisión y claridad porque la historia le recuerda oscuros pasajes como el de la fracasada zona de distensión en el Caguán, en el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, coincidentemente con las Farc.

Saber si son 400, 1.000, 500, 2.000 o 4.000, es decir el número preciso de miembros, es algo obvio, porque tiene que existir una especie de censo o listado.

Ahí no pueden haber inexactitudes para evitar una puerta giratoria por la que puedan colarse, narcotraficantes, delincuentes o miembros de bandas criminales para buscar favorecerse jurídica y políticamente de los acuerdos que se alcancen.

Lo mismo debe ocurrir con la verificación del armamento para conjurar cualquier clase de sorpresa bien sea que se avance hacia la desmovilización total o ante una eventual ruptura de negociaciones.

Un Catatumbo, en el que más de cien días de guerra han dejado 120 muertos y 65.079 desplazados como lo señalan los datos del PMU, está deseoso por saber si el sacrificio que está haciendo más este laboratorio de paz que piensan instalar, ayudará a su territorio a liberarse de uno de los actores violentos por la vía negociada.

Hay razones para la desconfianza sobre los resultados finales de este experimento de la ‘Paz Total’ por las afirmaciones hechas por alias Calarcá y Andrey Avendaño, quienes han dado a entender que la entrega de armas es innegociable por el momento, mientras no se acaben las causas que generaron el conflicto social y armado en Colombia.

Como ninguno ha cambiado de parecer, al menos públicamente, aunque recién el primero se ratificó en lo dicho, es urgente que desde la Oficina del Comisionado de Paz se den las garantías de que todo esto no va a terminar en un laboratorio propiciador de mayor conflictividad armada en el departamento.

La región, como parte integral de Colombia, está en todo su derecho constitucional de pedir precisiones sobre el funcionamiento de la zona de ubicación del frente 33 de la disidencia de las Farc, en Tibú.

Aquí hay más preguntas.

¿Si el Eln o alguna banda criminal atacan esa zona los disidentes podrán defenderse? ¿Los cuidará el Ejército y la Policía?

¿Qué garantía hay de que esos disidentes armados en la zona de ubicación no terminen atacando a patrullas militares o policiales diciendo que los confundieron con el enemigo?

Se trata de consideraciones válidas de características democráticas y no obstruccionistas ni opositoras a ultranza, sino muy realistas frente a las consecuencias negativas -no descartables- que pueden derivarse de un mecanismo como el ordenado si no queda bien estructurado y si lo afectan las fallas o debilidades.

La ‘Paz Total’ tiene ante sí un gran reto para responderle al país y a la región en materia de desactivar el conflicto armado que para el caso del Catatumbo lo ha venido martirizando desde hace décadas.

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