

Siguen apareciendo nuevos elementos que ratifican el deterioro prolongado de la situación de orden público en Norte de Santander durante lo que va corrido del presente año.
En esta ocasión fue la Defensoría del Pueblo la que puso el dedo en la llaga, al advertir que entre enero y abril de 2025 en esta región del país han ocurrido cinco masacres.
Al revisar las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz se encuentra que durante todo el año pasado en esta zona sucedieron seis casos de asesinatos colectivos.
Al hacer el contraste surge la grave preocupación de que el comportamiento de este caso específico de violencia rompe todos los récords y nos recuerda que lastimosamente el departamento sufre uno de los peores pasajes de su historia en materia del recrudecimiento del conflicto.
La guerra que estalló en el territorio del Catatumbo entre la guerrilla del Eln y la disidencia de las Farc es la directa responsable de que se expandan toda clase de situaciones violentas que terminan afectando a la población civil y a los municipios aledaños.
Cinco masacres en cuatro meses en el departamento es un acontecimiento que debe mover las fibras de los nortesantandereanos para reclamar el derecho a la vida, la recuperación de la seguridad y las alternativas de alcanzar una paz real y duradera.
Este tipo de acontecimientos son tan delicados que se utilizan hasta para negarles a las poblaciones la posibilidad de sepultar a sus muertos no permitiendo ni siquiera que puedan ser levantados o recogidos de áreas inhóspitas en donde fueron asesinados.
Es decir, se usan para infundir terror, para atemorizar y generar temor entre los habitantes, en una situación de la que no escapan otras regiones, puesto que hasta el momento se han registrado 22 masacres en el país (Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Cauca, Bogotá, La Guajira y Meta), con 67 víctimas en total.
Son numerosas las alertas de la Defensoría del Pueblo al Gobierno nacional ante la crisis de violencia en Colombia el departamento y en esta ocasión volvió a plantearle que le ponga cuidado a lo que está ocurriendo en todos los rincones del país.
“Se hace un llamado urgente para que cese esta escalada de violencia en el país, al tiempo que exige medidas inmediatas para la protección de las comunidades en riesgo, garantizando la vida, la paz y los derechos humanos en todos los territorios nacionales”, fue el pedido de la entidad.
En el que llamó “preocupante panorama” de violencia en el país el organismo igualmente alertó por el incremento del número de asesinato de firmantes de paz, que en los primeros cuatro meses alcanzaron los 20 casos en el ámbito nacional.
Y tristemente, Norte de Santander figura en el primer lugar de esta clase sucesos con seis homicidios, buena parte de ellos relacionados con la escalada guerrerista que sacude al Catatumbo desde mediados de enero.
No es justo que sigamos cargando con el liderazgo de acontecimientos relacionados con el conflicto armado.
Norte de Santander debe sacudirse de este estigma de violencia. Para ello se requiere una real voluntad política del Gobierno nacional para cumplir lo prometido en el Pacto Social del Catatumbo para su transformación.
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