En los peores momentos se encuentra hoy la situación de inseguridad en Colombia con la sucesión de acontecimientos violentos desatados a parir del sábado con el atentado contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, que luego se desbordó días después en nada menos que con 24 ataques en los departamentos de Valle y Cauca. 

Al poner esto así en crudo equivale a señalar que prácticamente han fracasado, por igual, las políticas de ‘Paz Total’ y de seguridad, en un país que advierte como la involución y el retorno a tiempos sangrientos lo han conducido hacia una violencia sin fin.

Debería reflexionar el Gobierno nacional frente a análisis tan críticos como el del Wall Street Journal que afirmó que  desde la llegada de Petro al poder, en el 2022, “la seguridad se ha deteriorado aún más, mientras la producción de hoja de coca y de cocaína han experimentado un auge. Grandes zonas del país están nuevamente bajo el control de grupos armados ilegales”.

Ahí tenemos a nuestro Catatumbo en uno de peores momentos históricos en materia de orden público que ya dejó más de 135 personas asesinadas y el  más grande número superior a 68.000 desplazados por un solo evento, como lo es la guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc.

Este foco aún continúa encendido. El Ejército de Liberación Nacional persiste en la opción guerrerista mientras  el frente 33  iría a la zona de ubicación temporal en el área rural de Tibú para -según parece- iniciar un proceso de negociación de paz con el Gobierno nacional. 

Lo ocurrido en esta subregión nortesantandereana genera preocupación porque el Eln  ha dado muestras de fortalecimiento, mientras que grandes mantos de dudas persisten sobre el nuevo plan de paz con la disidencia de las Farc, al insistirse en riesgos como el de que se convierta en una zona de distensión como la que operó en el Caguán durante las fallidas conversaciones con ese antiguo grupo guerrillero en el mandato del expresidente Andrés Pastrana.

Por donde se mire, Colombia muestra severas complicaciones: Bogotá con el atentado contra el precandidato Uribe Turbay; Valle y Cauca con la veintena de ataques en un solo día; el área  metropolitana de Cúcuta que tampoco ha sido ajena a los hechos violentos y a la inseguridad ciudadana.

La Policía y el Ejército tienen que revisar todos los planes de seguridad en el país para proceder a identificar las debilidades, falencias y fallas con el propósito de hacer los cambios, transformaciones y refuerzos necesarios en el área de inteligencia y en la parte de la operatividad.

La seguridad en ciudades  y veredas tiene que ser una de las prelaciones para combatir tanto a los grupos armados ilegales como a las bandas transnacionales del multicrimen que han ganado mucho espacio en el espectro de la delincuencia hasta convertirse en peligrosos factores de inestabilidad para la vida ciudadana.

Y en el campo de la paz -cuya puerta no puede cerrarse pero tampoco admitirse que el Estado sea el que haga los mayores esfuerzos- no deben admitirse condicionamientos exagerados ni seguirse permitiendo que los ceses del fuego terminen siendo el salón en el que se  revitalicen en número de combatientes, armas y control territorial, social y político las organizaciones que se sienten a negociar. Es decir, debe ser una mesa de paz sin cartas marcadas y compromisos reales y verificables.

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