En el boletín sobre los acontecimientos violentos del Catatumbo se reseña la recuperación de 32 menores de edad que estaban reclutados forzosamente por los grupos armados ilegales que en la actualidad libran la guerra en este punto de Norte de Santander.

Delicado el dato porque nos indica que dichas organizaciones no estatales persisten en el crimen de apoderarse por la fuerza de niños, adolescentes y jóvenes para vincularlos como combatientes.

Si fueron recuperados 32, implica que persiste un gran subregistro en las estadísticas sobre la perpetración de este delito que afecta a la niñez al involucrarla en un conflicto que no les pertenece, arrebatándole la oportunidad de estudiar y de permanecer con su familia.

La oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia reveló que solo en lo que va de 2025 ya se han registrado más de 70 casos de reclutamiento, uso y utilización de menores de edad en la conflictiva zona catatumbera.

Cerrarles la opción a los niños de ir a la escuela para que en lugar del cuaderno, el libro y el lápiz lleven terciado un fusil o cualquier otro tipo de arma, es un golpe para la sociedad.

Cortarles a los menores de edad la posibilidad de  educarse al hacerlos saltar al campo de batalla cuando muchas veces ni siquiera han soltado sus juguetes, es seguir  alimentando el generaciones violentas.

Que la guerrilla del Eln, la disidencia de las Farc y las bandas criminales impongan esta práctica criminal merece algo más que declaraciones de rechazo y determinar que esa actuación no haga  parte de las probables negociaciones de paz, por los severos impactos generados, y que sea obligatorio pagar ante la justicia.

Es que estamos hablando de que a esos niños que reclutan por la fuerza los están llevando por el socavón de la violencia, induciéndolos a que todo se soluciona por la fuerza y que el poder de las armas y el dinero fácil es la opción para destacarse en la vida diaria.

Lo peor de todo es que aunque en el Código Penal se habla de que “el que en ocasión y en desarrollo del conflicto armado reclute a menores de 18 años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o acciones armadas incurre en una pena de prisión de seis a diez años”, lo único cierto, como lo percibimos a diario, las organizaciones en armas ni se inmutan y persisten en esta violación.

Como lo manifiesta la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, hay que hacer esfuerzos que conduzcan a la construcción de una cultura de paz y resolución de los conflictos de forma no violenta.

Lo anterior es uno de los muchos asuntos indispensables para contrarrestar los efectos que la reprochable maniobra de  instrumentalizar o usar a los  niños para la guerra o para cometer delitos como el sicariato o la venta de estupefacientes.

De estos casos Cúcuta no se escapa y es así como en lo transcurrido del año han capturado 121 menores de edad por porte de armas, hurto y tráfico de sustancias psicoactivas y lesiones personales, entre otros.

Debe actuarse con decisión para castigar más fuertemente y llevar ante los tribunales a los cabecillas que sigan incurriendo en esta práctica criminal por los múltiples daños que provocan.

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