Las acciones intimidatorias y amenazantes contra los liderazgos en las comunidades es una de las formas que utilizan los grupos armados y las organizaciones criminales para romper el tejido social y así imponerse en los barrios, corregimientos, veredas y comunas.

Cúcuta, municipios metropolitanos y el Catatumbo no escapan a estas operaciones que tienen una delicada consecuencia, como es la de desplazar, acallar o acabar definitivamente aquellas voces que se levantan en favor de comunidades o determinados grupos.

Para el caso de la capital de Norte de Santander resulta de alta peligrosidad que delincuentes de la talla de los que integran el Tren de Aragua, Los AK-47 y Los Porras usen ese método de control social para procurar demostrar que ejercen dominio sobre la zona y sus habitantes.

En otros términos, y eso hay que desvertebrarlo de manera urgente, dichas bandas criminales pretenden apoderarse de sectores cucuteños e imponer su régimen de la intimidación y de las economías ilegales.

Obviamente para avanzar en esa especie de zonificación criminal de la ciudad estas estructuras que se dedican al microtráfico, la extorsión, el hurto y la extorsión a los primeros que atacan, amedrantan, asesinan o desaparecen  a los líderes comunales.

Por ejemplo, hay denuncias de que este año un número importante de presidentes de juntas comunales de la ciudad han debido desplazarse de sus barrios, o sea, un desarraigo urbano que no puede dejarse pasar por alto y como sociedad nos debemos unir en una sola voz para reprochar esa práctica y exigir respeto por quienes cumplen el ejercicio comunitario.

La notificación de que estos hechos  sí afectan la tarea comunitaria, la Federación Comunal de Cúcuta precisó que las situaciones de violencia han ocasionado que disminuya la participación dentro de estos procesos ciudadanos.

Pero hay más. Datos de la Fundación Progresar advierten que desde 2021 hasta la fecha se han registrado 166 casos de líderes amenazados en la capital nortesantandereana, lo  que posiciona a la ciudad entre las tres que más concentran esta clase de hechos en el orden nacional.

Todos estos son los efectos que arrastra consigo la violencia en una ciudad como la  nuestra golpeada por diversidad de bandas, el lavado de activos, el multicrimen transnacional a través de la frontera y la influencia del Catatumbo con el narcotráfico y el conflicto armado generado por actores como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el frente 33 de la  disidencia de las Farc y el Clan del Golfo.

La misión de los dirigentes comunales al igual que los ediles y líderes de derechos humanos y de otras organizaciones es parte esencial de la sociedad que requiere representatividad desde las bases, que luche por los barrios y comunas y defienda y reclame por la vida digna de las personas.

 Es necesario hacer un gran esfuerzo en su protección teniendo en cuenta que la sistemática eliminación de estos líderes en Colombia genera un vacío en el liderazgo comunitario, debilitando las estructuras organizativas que promueven el desarrollo local, el avance de proyectos comunitarios y ambientales y la defensa de los derechos humanos y la implementación de acuerdos de paz.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.