Cuando una empresa contrata a un trabajador independiente, por ejemplo, para prestar servicios de consultoría, por un valor de $5 millones, este tiene una tarifa general de retención del 11% por concepto del pago servicios profesionales. La organización le paga $4.450.000 y declara y consigna los $550.000 a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como retención en la fuente a título de renta.
El Gobierno busca un cambio en el régimen tributario mediante un proyecto de decreto que modifica las tarifas y condiciones de retención y autorretención, una propuesta que ha generado polémica entre sectores estratégicos como la agricultura y la minería, así como en los gremios y círculos políticos.
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El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana analizó el texto que busca modificaciones en dos grandes ejes. Según el director de la institución, José Mauricio Salazar, el primero de ellos se refiere a los cambios en la retención en la fuente, precisando que se fijan umbrales más bajos para aplicar la retención.
Detalló que, en el caso de los servicios, la retención baja de 4 a 2 unidades de valor tributario (UVT), es decir, de cerca de $200.000 a unos $100.000. Para otros ingresos, la base mínima se reduce de 27 UVT (alrededor de $1.344.000) a 10 UVT, lo que equivale a menos de $500.000.
“Se incrementan algunas tarifas, como en la compra de oro, que subiría del 1% al 2,5%. Los cambios tendrían un efecto generalizado sobre todas las personas naturales y jurídicas que reciben ingresos sujetos a retención, incluso por montos menores a los actuales”, expresó Salazar.
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El segundo eje corresponde a la autorretención que se aplica a personas jurídicas beneficiarias de exoneraciones de aportes y se calcula sobre las ventas. Mauricio Salazar indicó que el proyecto propone incrementos en la mayoría de sectores, entonces, actividades a las que hoy se les aplica el 0,55% pasarían al 1,2%.
El economista expresó que en la generación y comercialización de energía eléctrica subiría del 2,2% al 4,5% y actividades la construcción, como demolición o vivienda residencial, ascendería del 1,1% al 3,5%.
Afectará la dinámica económica
José Mauricio Salazar manifestó que consideran que, con esta medida, aunque el Estado mejora su flujo de caja con mayores anticipos del impuesto de renta, las personas naturales y jurídicas perderán liquidez en el corto plazo, lo que puede afectar su capacidad de consumo e inversión.
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El experto dijo, además, que si la economía no crece como se espera, podrían generarse saldos a favor o una caída en los ingresos tributarios efectivos en 2026.
Por otro lado, Salazar sostuvo que, aunque la iniciativa puede ser entendibles desde el punto de vista fiscal, es clave señalar que trasladan presión financiera a los contribuyentes, con la promesa de “compensar” en el futuro.
“Es como si el Estado cobrara por adelantado lo que supone que los ciudadanos ganarán, sin certezas. Si estas medidas no son temporales, terminan siendo un incremento efectivo en la carga tributaria”, apunto el economista.
Finalmente, el director del Observatorio Fiscal aseguró que el proyecto tiene sentido desde las necesidades fiscales del país, pero su aplicación requiere mesura, análisis sectorial y, sobre todo, un seguimiento riguroso a sus efectos sobre la economía y el bolsillo de los colombianos.
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