Transcurridos 90 días desde el recrudecimiento del conflicto armado entre las disidencias de las Farc y el Eln, la región del Catatumbo sigue siendo un barco a la deriva en un mar embravecido por la guerra.
En medio de la crisis, lo único claro de momento son los datos que entrega la gobernación de Norte de Santander, a través del puesto de mando unificado, que cambian para peor de un día para otro, demostrando que quizá los esfuerzos hechos hasta ahora desde la institucionalidad nacional no han sido suficientes y que los violentos siguen ganando la partida.
Y es que de acuerdo con el último boletín, el 81 del 14 de abril, el número de homicidios registrados en el contexto de la confrontación ya asciende a 106, de los cuales 93 corresponden a civiles, seis eran firmantes de paz, tres eran líderes sociales y cuatro menores de edad, además de nueve integrantes de las fuerzas militares.
En lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado, ya son 64.291 las personas que han tenido que salir del territorio para ponerse a salvo de las balas y las bombas, llegando principalmente a Cúcuta, Ocaña y Tibú; mientras que 12.887 se encuentran en confinamiento.
Por si fuera poco, a la par de esta situación, autoridades de Ocaña y Ábrego han anunciado que una segunda ola de desplazamiento estaría en desarrollo, aunque esta vez un poco más endógeno, desde las zonas rurales de esos municipios hacia los cascos urbanos.
Este nuevo flujo migratorio sería consecuencia de los continuos enfrentamientos que están teniendo en las zonas veredales los grupos armados, pero también de los ataques que viene lanzando la fuerza pública contra los insurgentes.
Al respecto Freddy Arengas, secretario de Gobierno de Ocaña, señaló que se trata de unas 300 personas, que corresponden a 94 núcleos familiares. “Están huyendo porque tienen miedo de quedar en medio de las confrontacio-nes entre la fuerza pública y las organizaciones armadas”, dijo.
En sus más recientes declaraciones, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha dicho que actualmente en la región se adelanta una ofensiva militar propias para la retoma del control del territorio, situación que genera zozobra en la población; aunque el principal temor sigue siendo hacia los ataques de explosivos lanzados con dron, una modalidad de guerra más avanzada que puede tomar por sorpresa incluso a la fuerza pública.
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La estela de crisis del Catatumbo también trasciende las fronteras del departamento y se aproxima a la capital del país, tal como lo afirmó la Alta Consejería De Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá que anticipó la llegada de 93 refugiados del Catatumbo, luego de que se presentarán inconvenientes en zona rural de Puerto Boyacá, en donde habían sido reubicadas.
Líderes y autoridades bajo amenaza
Las amenazas y hostigamientos contras líderes sociales y autoridades civiles son otro de los indicadores que se han venido acentuando en el transcurso de estos primeros 90 días de guerra en el Catatumbo.
En consecuencia se ha visto un aumento notable en la cantidad de solicitudes dirigidas a la Unidad Nacional de Protección, UNP, pidiendo algún tipo de escudo, es así que de acuerdo con el informe del PMU 408 corresponden a líderes sociales, 28 a personeros y 22 a alcaldes.
Esta situación da cuenta de los hallazgos de la Comisión de Verificación “Abracemos al Catatumbo”, tras su visita a Tibú a inicios de marzo, que recogió en su informe ejecutivo que “la persecución a los liderazgos sociales y orga-nizaciones comunitarias es una de la faltas al derecho internacional humanitario (DHI), que pone en grave riesgo la pervivencia de las comunidades y el tejido social”.
Flagrante violación al DIH
Lo que sucede en el Catatumbo desde el pasado 16 de enero es una flagrante violación al derecho internacional humanitario, así lo han referido autoridades civiles y líderes de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Así lo refleja el referido informe de “Abracemos Catatumbo”, pues aunque la visita se haya focalizado en Tibú, no es secreto que la vulneración de los derechos es prácticamente la misma en toda la región.
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En este sentido, encontraron que las principales infracciones tienen que ver con desplazamiento forzado, persecución y privaciones de libertad, aunque también se tipifican dentro de este componente el homicidio, la tortura, las privaciones de libertad, desaparición forzada, afectación por minas antipersonal o artefactos explosivos, el recluta-miento forzado de menores de edad, hacer padecer hambre a la población civil, violencia sexual y restricciones a la movilidad.
En lo que tiene que ver con violación a los Derechos Humanos, los más reportados son confinamiento, bombardeos o ametrallamientos indiscriminados.
Catatumbo, un paciente sobrediagnosticado
Pero en estos 90 días de conflicto en el Catatumbo, más allá de la exacerbación de la violencia en todas sus dimensiones, del drama humano de las miles de familias desarraigadas y de la avanzada militar en un intento por asegurar el territorio, no ha habido nada más.
El trasfondo social que requiere una reconstrucción urgente sigue inalterado, a pesar del marco jurídico que se generó a través del Estado de Conmoción Interior -que vence en ocho días y podría caerse en la Corte Constitucional- para acelerar el flujo de recursos que habiliten el desarrollo de proyectos claves en materia de infraestructura, salud, educación y erradicación voluntaria de cultivos ilícitos.
Ni siquiera las reiteradas visitas del presidente Gustavo Petro a Tibú, Ocaña, El Tarra y Cúcuta, y la propia firma de un pacto transformador han podido destrabar la burocracia alrededor de la histórica deuda del Estado con esta región del país.
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