La activación de un artefacto explosivo en la entrada de un yacimiento de carbón, en la vía al corregimiento San Faustino de Cúcuta, que dejó un minero muerto y uno herido, generó el rechazo, no solo de la comunidad en general, sino de los sectores empresariales.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Seccional Norte de Santander, expresó su profundo repudio al atentado terrorista perpetrado el Ejército de Liberación Nacional (Eln). A través de un comunicado, la ANDI manifestó su “más sentido pésame y solidaridad a la familia del trabajador fallecido y a la empresa a la cual pertenecía”.
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“Esta pérdida trágica y lamentable nos recuerda la urgente necesidad de unirnos como sociedad para poner fin a la violencia y construir un país en paz, donde se respeten los derechos humanos. Consideramos inaceptable y condenamos rotundamente el uso de la extorsión como método de financiación por parte de grupos al margen de la ley”, indicó el gremio.
La asociación de empresarios afirmó que estas prácticas criminales no pueden ser toleradas en ninguna circunstancia y es crucial que sean combatidas por las autoridades competentes.
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La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), presidida por Carlos Cante, también manifestó su “rechazo absoluto al atentado terrorista contra la vida de los trabajadores de Incolmine (operado por Minex)”.
Fenalcarbón indicó que son un sector productivo comprometido con el desarrollo de Colombia y de Norte de Santander y que estos “atentados cobardes llenan de terror a la ciudadanía y a los trabajadores de las distintas industrias. Además, ponen en riesgo el empleo y todos los encadenamientos, entre otros, la generación de energía como servicio público esencial.
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“Expresamos nuestras condolencias a la familia de Cristóbal Meneses, víctima mortal... Nos solidarizamos con las familias y allegados de las víctimas, con los trabajadores de la empresa y toda la comunidad minera”, añadió el gremio de empresarios del carbón.
La ANDI y Fenalcarbón hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales a redoblar esfuerzos para proteger la vida de los habitantes.
Pidieron que se garantice la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, incluyendo al sector productivo, y no permitir que actividades ilegales continúen perjudicando la economía y el desarrollo del país.
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