La situación que viven los actores productivos y empresariales del Catatumbo, principalmente en Tibú, es más grave de lo que parece, porque, a la suspensión del vuelo de Satena entre ese municipio y Cúcuta y al cierre de por lo menos seis estaciones de servicios por amenazas y extorsiones, se sumó otro problema: las intimidaciones al sector transporte.
Fuentes consultadas dieron a conocer a La Opinión que los conductores de tractomulas, volquetas y camiones están siendo objeto de extorsiones de parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln), en Tibú.
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“Esta situación vulnera directamente el derecho al trabajo, porque se están exigiendo sumas de dinero para permitir el ingreso a la zona y el transporte de productos básicos como carbón, aceite de palma, petróleo y maquinaria”, indicó.
Según se conoció, que el Eln estableció ‘vacunas’ mensuales de la siguiente manera: $450.000 para el transporte de carga larga y $300.000 para volquetas. Adicionalmente, de acuerdo con el denunciante, el grupo exige hasta diez meses de retroactividad en los pagos, “lo cual resulta completamente desproporcionado, injustificado y caprichoso”.
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“Muchos propietarios de vehículos han tomado la decisión de no ingresar a la zona, afectando gravemente la economía, el abastecimiento y la estabilidad laboral de cientos de familias. Hacemos un llamado urgente a las autoridades, para que actúen frente a esta situación de arbitrariedad que atenta contra el trabajo digno y la seguridad”, afirmó.
Desde la seccional territorial de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), confirmaron que “los cobros ilegales habían mermado, pero en último mes se incrementaron”.
“Esto está ocasionando que la logística de abastecimiento de los municipios de esta zona no se cumplan a cabalidad. Esos cobros afectan, principalmente, a todos los habitantes del territorio nortesantandereano, puesto que los vehículos no están tomando estas rutas. Además, hay miedo de denunciar”, apuntó un representante del gremio, cuyo nombre se reservó por miedo a retaliaciones del Eln.
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“Es un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad que afecta la operación de las empresas, el abastecimiento, el empleo y la vida diaria en la región. Recuperar el control del territorio y el apoyo a las Fuerzas Militares es urgente, no es un tema de percepción”, apuntó Unda.
El gerente de la ANDI recordó que entre los hechos recientes están la suspensión de operaciones de Ecopetrol en la zona, afectaciones por el bloqueo del suministro de gas en Sardinata, el cierre del servicio de gas domiciliario en Tibú por amenazas a las empresas operadoras, extorsión para los distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en municipios del oriente, afectaciones graves en la infraestructura de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS) y hurto de combustible en el poliducto en el sur del Cesar.
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