En el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, aprobado en el Congreso, Norte de Santander cuenta con una asignación de los recursos de inversión parecida a la de Santander, de $2.5 billones, muy cerca de los 2.6 billones del Cauca.
De acuerdo con el análisis desarrollado por el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el total del monto de inversión asciende a $86.4 billones; de los cuales $63.7 billones se distribuyen por departamentos, la inversión nacional tiene una asignación de $21.3 billones, mientras que el monto por regionalizar es de $1.4 billones.
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Ante la interrogante sobre cómo se hace esta distribución, el director del Observatorio, José Mauricio Salazar, explicó a La Opinión que, a diferencia de las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) que tienen reglas y parámetros claros, el presupuesto depende en gran medida de acuerdos políticos y de la eficiencia, lo que puede llevar a que algunos sectores crezcan más que otros, a pesar de que la distribución no haya sido óptima.
“Las asignaciones toma en cuenta factores como la población, pero sobre cómo se determina la plata de cierta forma o de otra requiere mayor explicación por parte del Gobierno”, agregó Salazar.
El economista informó que la inversión regionalizada se concentra en los departamentos con mayor población y peso económico. Cinco reúnen casi la mitad de los recursos y Bogotá D. C. ($9,8 billones) tiene la mayor asignación, impulsada por proyectos de movilidad, infraestructura vial, salud y educación superior.
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Luego están Antioquia ($6,7 billones), con un componente importante en transporte y energía; Valle del Cauca ($4,9 billones), con inversiones en infraestructura, vivienda y programas sociales; Cundinamarca ($4,2 billones), principalmente en transporte y educación; y Atlántico ($3,8 billones), concentrado en agua potable, saneamiento y proyectos urbanos.
En la otra orilla, territorios con baja capacidad fiscal y menor densidad poblacional, como Vichada ($335.319 millones), Guainía ($222.081 millones), Vaupés ($193.180 millones), Amazonas ($309.091 millones) y San Andrés ($463.536) registran menos asignaciones.
Para José Mauricio Salazar, aunque estas representan menos del 1% de la inversión regionalizada, esos recursos tienen un papel crucial en la financiación de servicios básicos y en la reducción de brechas territoriales.
“Históricamente le hemos dado más dinero a los lugares con mayor capacidad institucional, pero las regiones periféricas, en donde hay mayores necesidades, reciben una fracción mucho menor. Esto es interesante en cuanto a la puesta de convergencia nacional que como país tenemos”, añadió el director.
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¿Si no se aprueba la tributaria?
El PGN 2026 fue aprobado por $547 billones, $10 billones menos que el proyecto inicial presentado por el Ministerio de Hacienda, disminución que se concentra en el rubro de funcionamiento, con 7,6 billones (76% del recorte), seguido del servicio de la deuda, con $2 billones menos (20%), e inversión, con $400.000 millones (4% del recorte).
$16,3 billones del PGN dependen de la aprobación de una ley de financiamiento o reforma tributaria, por lo que una de las preocupaciones es el destino de la inversión regionalizada en caso de que dicha ley no sea aprobada antes del 31 de diciembre.
José Mauricio Salazar destacó que si no se aprueba, es muy probable que los recortes se concentren en la inversión, que es la partida más flexible y crítica en los ajustes de gasto. Aunque no hay información suficiente para determinar cómo cambiaría la inversión regional, se cree que esto dependerá de movimientos internos en el Ministerio de Hacienda y de parámetros que no son de conocimiento público.
Sin embargo, la posibilidad de que la inversión regionalizada se vea afectada en 2025 requiere un monitoreo constante.
El dato
La composición del PGN refleja la rigidez del gasto, porque el 84% del total está comprometido en funcionamiento y pagos de deuda, lo que reduce el espacio disponible para inversión pública.
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