Desde 2025, Colombia aplicará una de las reformas económicas más significativas de las últimas décadas. La reforma pensional entrará en vigencia y más de 25 millones de personas sentirán las consecuencias del nuevo sistema, que pondría a cotizar a todos en el fondo público de pensiones.
Los datos más recientes de la Superintendencia Financiera de Colombia estiman que, de los 25,8 millones de afiliados a los fondos de pensiones, 19,1 millones cotizan en administradoras de fondos privados.
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Colpensiones tiene 6,7 millones de usuarios, pero, de acuerdo con lo firmado en la reforma, será esta entidad la que recaude los aportes de todos los trabajadores.
Esto trae los primeros problemas financieros en el sistema, según el director ejecutivo de investigaciones económicas de Corficolombiana, César Pabón, porque, por su estructura, es inevitable que en el corto plazo se tenga que volver a discutir una nueva reforma pensional.
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“El avance en la cobertura pensional propiamente dicha es prácticamente nulo. La reforma se enfoca en ampliar la cobertura no pensional, es decir, el subsidio para personas mayores en situación de vulnerabilidad que nunca han cotizado. Esto aumentará de $80.000 a $230.000, y el número de beneficiarios crecerá de 1,7 millones a 2,7 millones de personas”, explicó Pabón.
Otro de los puntos más polémicos es el impacto fiscal, que se estima sea de 60 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que le pone más presión a las finanzas públicas. A eso se pone en duda si Colpensiones tiene la capacidad de aguantar el universo pensional.
“Es irresponsable y preocupante pensar que, a partir de la mitad de 2025, Colpensiones entrará a administrar 25 millones de historias laborales, sin tener certeza de cuáles son sus inversiones en capacidad instalada y sistemas de información, que permita una atención eficiente y no un caos total”, dijo el docente de Administración de Empresas de la Universidad Antonio Nariño, Omar Buitrago.
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Otro punto es que, con el nuevo sistema, los pensionados del futuro ya no se beneficiarían tanto, sobre todo quienes reciben sueldos por encima del umbral y no están en el régimen de transición.
Según el profesor de Derecho Laboral de la Universidad de la Sabana, Oscar Coy, el impacto es significativo, porque si bien, en algunos estudios del DANE resaltan que más de 90% de la población gana menos de dos salarios mínimos, ese 10% remanente tendrá un efecto negativo en el momento en el que se pensione.
Afirmó que esta última proporción de pensionados va a recibir un poco menos, de acuerdo con lo que “muchos académicos y en el estado de las cosas se ha venido advirtiendo”.
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Información del diario La República
