El trabajador humanitario colombiano Manuel Alejandro Tique recuperó la libertad, después de permanecer 17 meses detenido en la cárcel El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.
Las autoridades lo excarcelaron el domingo 8 de febrero de 2026. Posteriormente, lo trasladaron a una instalación de la Guardia Nacional y lo enviaron por vía aérea hasta la frontera en Cúcuta, donde cruzó hacia Colombia el lunes 9 de febrero, según detalla la prensa de Colombia.
Tique, empleado del Consejo Danés para Refugiados (DRC), fue detenido el 14 de septiembre de 2024 mientras realizaba labores humanitarias en zona fronteriza, específicamente en el estado Apure. Las autoridades venezolanas lo acusaron de mercenarismo y de intentar desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro, bajo la fachada de su trabajo en la ONG.
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Tanto su familia como el Consejo Danés para Refugiados negaron estas imputaciones y afirmaron que se trató de una detención arbitraria. Durante su reclusión, Tique careció de acceso a juicio formal, abogado defensor y asistencia consular regular. Solo contactó una vez a sus familiares en todo ese período.
Su padre, Víctor Tique, confirmó los detalles en entrevista con la emisora colombiana Blu Radio: “Nos enteramos anoche cuando él llamó alrededor de las seis de la tarde. Ya estaba en Migración Colombia, en la frontera”.
El familiar atribuyó la liberación a posibles iniciativas del gobierno venezolano o a gestiones de la Cancillería colombiana y el consulado en territorio venezolano. Tique se reunió con su familia en el puente de Tienditas y regresó a Bogotá, donde se someterá a exámenes médicos.
La detención de Tique formó parte de una ola de capturas en zonas fronterizas a finales de 2024 y durante 2025. Las autoridades venezolanas señalaron a los detenidos —en su mayoría colombianos— de pertenecer a grupos mercenarios o de conspirar contra el gobierno de Maduro.
En octubre de 2025, tras negociaciones bilaterales, Caracas liberó a 17 (o 18, según algunas fuentes) connacionales colombianos que cumplían prisión en El Rodeo I.
A pesar de esta liberación, persisten al menos 20 colombianos privados de libertad en Venezuela por motivos políticos, según denuncias de familiares y reportes de la Cancillería colombiana. Estos connacionales permanecen en cárceles como El Rodeo I y otros centros penitenciarios.
Sus allegados exigen respuestas claras y urgen al gobierno colombiano a intensificar gestiones diplomáticas ante la administración encabezada por Delcy Rodríguez, quien asumió funciones presidenciales interinas tras la salida de Maduro a inicios de 2026.
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La Cancillería colombiana responsabiliza a Caracas por la situación y ha solicitado la inclusión de estos ciudadanos en procesos de excarcelación masiva de presos políticos que ocurren en Venezuela desde enero de 2026.
Organizaciones como Foro Penal estiman cientos de presos políticos en el país, incluidos decenas de extranjeros y binacionales, muchos en condiciones precarias.Familiares de los detenidos mantienen llamados públicos para que continúen las negociaciones y se logre la liberación total de los connacionales.
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