Las pilas públicas brindan solución temporal a zonas vulnerables para que las personas de esas comunidades accedan al agua potable. Sin embargo, en algunos sectores de Cúcuta se han convertido en un problema mayor. 

Más de 260 pilas públicas que operan en la ciudad, se ha brindado el servicio de agua a más de 72.000 habitantes, mediante un sistema colectivo de abastecimiento.

Su propósito es el de garantizar el acceso del recurso hídrico a bajo costo a las comunidades más apartadas.

En promedio, cada vivienda utiliza 14 metros cúbicos de agua al mes y por cada metro cúbico Aguas Kpital en alianza la fundación V&C, cobra 2.129 pesos.

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El manejo de esta estrategia fue cuestionada al inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias, cuando el Concejo de Cúcuta denunció presuntas irregularidades que afectan el buen uso del servicio. 

Para este fin se citó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta (EIS), al Departamento Administrativo de Planeación, a la Subdirección de Servicios Públicos, a la Fundación V&C, la cual administra las pilas públicas, y a Hidrogestión, Interventor de Agua Kpital, y a la misma empresa.

También, se hizo pública la solicitud para que líderes comunales de los sectores en los que hay pilas públicas expusieran los principales problemas y plantear soluciones. 

En la sesión, Carime Rodríguez, presidenta del Concejo, denunció la falta de orden en la administración de las pilas públicas y reveló que existen 267 en total. 

Por parte de Planeación municipal se certificaron 235 pilas públicas, pues las 32 restantes no están certificadas, mientras que Hidrogestión indicó que hay 267 pilas, de las cuales 249 están en funcionamiento y 18 sin facturación. Aguas Kpital no entregó la información solicitada por el Concejo. Mientras que la Fundación V&C indicó que ellos no tienen la responsabilidad sobre las pilas públicas. 

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Inconformidad  de la ciudadanía 

Sumado a esto, la comunidad en cabeza de sus líderes comunales expresaron el descontento ante la mala gestión de los cobros. 

Durante el debate se presentó evidencia documental sobre irregularidades.

Por ejemplo, se denunció el doble cobro de subsidios: una factura mostraba un cobro de $11.000, y otra, a nombre de una usuaria recientemente formalizada, mostraba un cobro del mismo valor también por subsidios. Esto indicaría una doble facturación indebida, denunciaron.

Otro líder indicó que la tubería utilizada está en mal estado afectando la calidad del servicio, pues además no se cuenta con las medidas básicas de sanidad.

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El representante de la junta comunal de la comuna 9, indicó que en Rudesindo Soto el servicio fue afectado por el robo de una pila pública que ahora es utilizada para interés personal, vulnerando el derecho al recurso de los demás vecinos. 

De igual manera, se expusó la necesidad de expandir la tuberia para poder mejorar el servicio, en sectores como Talento y Nueva Ilusión se requiere un aumento de unas 8 pulgadas. 

Todos coincidieron en que le solicitan a las entidades que planteen estrategias para poder hacer la instalación de alcantarillado en las comunidades y poder tener acceso al agua de manera regular. 

Sin embargo, la EIS indicó que los procesos de formalización de tierra son largos y que no basta con haber usado durante un largo periodo de tiempo la pila pública para poder hacer el proceso de formalización. 

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“Se deben tener en cuenta factores como riesgos hidráulicos, propiedad del terreno, especialmente su pertenencia al municipio” indicó la empresa. 

Por otra parte, se denunció un cobro por conexión de más de 400 mil pesos sin consultar previamente a la comunidad si estaban de acuerdo. 

La oficina de servicios públicos indicó que durante el mes de abril se reseñaron 235 pilas con un beneficio a más de 15.000 usuarios, todos de estrato 1, con un  valor del subsidio  de más de $331 millones. 

Respecto a los cobros de los servicios la interventoría de la empresa de servicios de agua potable y alcantarillado, Aguas Kpital, indicó que una vez el operador genere el recibo ellos se encargan de revisar bajo una metodología con tres puntos clave: 

“Revisamos que se aplique la tarifa del mes, que se cumpla el Acuerdo 003 del 20 de febrero de 2024 aprobado por el Concejo, y que los consumos se midan por lectura o, cuando no sea posible, por promedio de los últimos seis meses”. 

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Sin embargo, el concejal Edinson Contreras indicó que se está incumpliendo este decreto, el cual establece los subsidios que deben hacerse según el estrato socioeconómico al que pertenecen.

Ante esto, indicó que es primordial que se revise el proceso y se regulen las tarifas. Además, denunció que se están incumpliendo con las medidas sanitarias requeridas para el buen consumo del recurso. 

La fundación V&C indicó que tienen actualmente 249 pilas públicas a las cuales apoyan y acompañan constantemente. “Con nuestros recursos, aunque limitados, estamos haciendo un mejor esfuerzo y es de la mano de las mismas comunidades”.

Otra queja, dada por Jesús Sepúlveda, Concejal de Cúcuta, dice que el servicio de agua debe dejar de ser un instrumento político, “Si yo puedo ir a los barrios como político y decir ‘voy a poner aquí agua’, pues eso es hacer política”, cuestionando el manejo que se ha realizado en cuanto a las pilas públicas. 

Finalmente, por parte del Concejo se definieron algunos lineamientos para seguir realizando seguimiento a la problemática y proponer soluciones que beneficien a las comunidades. 

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Primero se estableció que se solicite mayor inversión por parte de la administración municipal y entidades como la EIS Cúcuta.

Se seguirán realizando controles estrictos sobre el manejo de subsidios.

“Se hará la creación  de una Comisión Accidental para Pilas Públicas, en cumplimiento del compromiso con líderes comunitarios” indicó la presidente del Concejo.

Finalmente se informó que se hará la solicitud de que el informe del debate sea remitido a la Procuraduría General de la Nación para que se investigue el presunto detrimento patrimonial y se tomen acciones legales pertinentes.

¿Dónde están  ubicadas?

Las comunas con mayor número de pilas públicas son:

-Comuna 6, con 71 puntos, que incluyen barrios como San Jerónimo, El Progreso, Palmeras, Sabana Verde, entre otros
-Comuna 8, con 41 puntos, destacando barrios como Cumbres del Norte, María Auxiliadora, El Tunal y Simón Bolívar.
-Comuna 9, con Rudensindo Soto, Crsipín Durán y Belén, entre otros. 

Esta alta concentración indica una priorización de zonas periféricas y vulnerables, donde el acceso al agua potable a través de redes domiciliarias es limitado o inexistente. 

La presencia de múltiples pilas en algunos barrios sugiere también un intento de cubrir una alta densidad poblacional o una gran demanda local.

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