Horas de tensión se vivieron en la fundación Hogar de la Esperanza, del barrio El Contento, por un presunto desalojo que se estaría llevando a cabo entre el día de ayer y hoy.

Aunque las autoridades municipales aseguraron que este no está programado para esta semana, Miguel Beltrán, representante de la fundación, expuso que los 30 adultos mayores que viven en el lugar se encuentran preocupados por el inminente desalojo.

Beltrán destacó también que este problema lo vienen enfrentando desde hace una década y los más perjudicados son los adultos mayores.

Añadió que en 2016 apareció una persona que aseguró ser propietaria del inmueble y comenzó a exigirles el pago de arriendo o la compra de la vivienda.

"Aunque en ese momento se logró frenar una orden de desalojo, la situación volvió a complicarse en 2024”, recalcó.

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Desde entonces, Beltrán expuso que ya han sido varias las ocasiones en las que han intentado sacarlos del lugar. Agregó que la última vez fue hace un mes, cuando funcionarios de la Personería, Bienestar Social e Inspección de Policía acudieron a la fundación con ese propósito.

Asimismo, el representante afirmó que, ante un presunto aviso de que serían desalojados esta semana, tomaron la decisión de cerrar el ancianato con cadenas e instalar mensajes de protesta en su fachada.

“Esta situación afecta a los abuelos, quienes en ocasiones lloran y no pueden dormir. Las autoridades nos dicen que ya tienen un lugar para ellos, pero este es un hecho que presenta irregularidades, pues nosotros ya tenemos 26 años aquí”, enfatizó.

Respuestas oficiales

Luddy Páez, personera de Cúcuta, aseguró que para esta semana no se tenía previsto llevar a cabo el desalojo en la fundación.

Indicó que el juzgado encargado tiene suspendida la diligencia porque, presuntamente, el sitio al que serían trasladados no contaba con todas las condiciones para su permanencia.

La Alcaldía de Cúcuta tiene dispuesto desde hace más de dos meses un sitio para trasladar a estos adultos mayores, dijo la representante del ministerio público. Hasta donde sabemos, ellos no tienen red de apoyo familiar; por lo tanto, su situación la debe asumir la administración municipal, precisó.

Igualmente, la personera aclaró que están a la espera de que el juzgado vuelva a autorizar la diligencia para que el inspector de Policía adelante el desalojo y, luego, la Personería, junto con Bienestar Social, traslade a estas personas.

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Páez también dijo que, con anterioridad, se ha intentado llevar a cabo salidas voluntarias, sin conseguir una respuesta favorable.

Con respecto al tema jurídico que enfrenta este hogar, la funcionaria señaló que este debe manejarse directamente con el juzgado.

Sobre el lugar en el que serían reubicados los adultos mayores, la Secretaría de Bienestar Social informó que se dispuso el antiguo centro de atención al habitante de calle para este fin.

El despacho sostuvo que este lugar, ubicado al frente del terminal de transporte, ya fue adecuado para recibir a estas personas y brindarles todos los servicios básicos.

Añadió que allí serán atendidos por personal de Bienestar Social, como trabajadores sociales y psicólogos.

“Ya la administración tiene listo el sitio por si llega a suceder el desalojo. Es importante destacar que la orden de desalojarlos la da un juez, y no la Alcaldía”, concluyó el despacho.

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