Después de claros análisis y al finalizar su obra “Tiempos Modernos”, el historiador Inglés Paul Jhonson concluye en cuales fueron los males subyacentes que posibilitaron los catastróficos fracasos y tragedias del siglo XX. De dichos males es de destacar aquí uno que viene como anillo al dedo en la crisis que estamos atravesando. Se trata de la declinación de la responsabilidad personal, de donde se deriva la evasión de la responsabilidad política. Las mismas que trata de ejercitar Petro con astucia que no audacia (concepto positivo cuyos sinónimos son, entre otros, valentía, intrepidez y coraje).
Han sido motivo de frustración para el presidente, tanto la paulatina pero constante pérdida del apoyo del “pueblo en las calles”, como el evidente fracaso en la gestión de las reformas en el Congreso y los logros de la “paz total”. Es que, a poco más de un año del final de su mandato, Petro está viendo que su gobierno pasará a la historia como el del “cambio que pudo haber sido y no fue”. Tanto así que dichos hechos detonaron, no solamente su frustración sino también los últimos embates de tinte anárquico contra el marco constitucional que rige en Colombia. En vez de, como corresponde a un presidente responsable, recurrir a la sala de Consulta del Consejo de Estado para auscultar claridad legal con el fin de corregir las que él considera “injusticias contra el pueblo trabajador”, decide inducir un galimatías jurídico bajo la “luminosa y astuta asesoría” del nuevo ministro de Justicia, emitiendo un decreto rayano en el abismo jurídico para intentar chantajear al Senado y/o pasárselo por la faja, convocando una Consulta Popular.
Lo cierto es que, en su afán de evadir su responsabilidad personal y política por los fracasos arriba mencionados, pretende auto justificarse ante “su pueblo” mostrando que impone su voluntad - que es “la misma del pueblo”-, a cualquier precio. En otras palabras, busca disfrazar su ausencia de autoridad moral y su incompetencia gubernativa con un vulgar autoritarismo, para, desde la presidencia, sublevarse contra lo establecido: "No soy un dictador, soy un insurrecto democrático. Quiero cambiar este país, no perpetuarlo como está...". "Hay un golpe blando en marcha en Colombia: lo impulsan quienes no quieren perder sus privilegios...", declaró recientemente.
Sin embargo, Colombia y su tradición jurídica es mucho más grande que un gobernante que en mala hora fue elegido democráticamente y que no supo responder a la confianza que en él depositaron sus electores. Por esto, ante nuestra democracia atribulada pero no aplastada, confiamos en que las dos ramas del poder público, Legislativa y Judicial, detendrán con energía y buen criterio jurídico el desafío autocrático y anarquista que se ha desenmascarado desde la cabeza del poder Ejecutivo.
Dicho lo anterior y debido a que en los últimos días Petro quiso asimilar los argumentos esgrimidos por el expresidente Gaviria para, en su momento, convocar la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, surge la siguiente propuesta para el país: Sí, y solo sí la rama judicial no lograra detener el embate del “decretazo” y se convocara la Consulta Popular, ideemos algo similar a la “séptima papeleta” para sumarle una pregunta: “Si la consulta no alcanza el umbral requerido y/o el NO obtiene la mayoría, ¿está de acuerdo, sí o no, en que Gustavo Petro deje inmediatamente el cargo de presidente de la República? De esta manera veríamos hasta qué punto el actual presidente cumple aquello que tantas veces ha declarado con inusitada emoción: “yo voy hasta donde el pueblo diga”.
Nota: al escribir esta columna el viernes 13 de junio, subsiste la esperanza moderada en que Miguel Uribe seguirá aferrado a la vida. Me uno a las oraciones por su recuperación que se han venido elevando al Altísimo con intersección de la Santísima Virgen.
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