Es condenable, sin ningún paliativo de justificación, el atentado criminal contra el precandidato Miguel Uribe Turbay. Hace parte del entramado que los enemigos de la democracia han creado para impedir que el ejercicio de la política promueva la construcción del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991. La borrasca de la violencia genera intimidación y obstruye los procesos institucionales mediante los cuales se podrían tomar decisiones que lleven a soluciones de problemas que en forma recurrente pesan sobre la nación y afectan la existencia de la mayoría de los colombianos.

La agresión de que fue víctima Uribe Turbay tuvo como finalidad afectar al gobierno, abriéndole paso a la percepción de que no existen garantías para quienes estarán en la carrera por la Presidencia. Y fue escogido él dado su liderazgo de opositor. Es un cálculo pensado con medición de las reacciones que puedan surgir. Y no es producto de dirigentes de mediana condición sino de los altos mandos de los sectores surtidores de odio, con intereses que defienden a sangre y fuego, sin importarles el daño generalizado de sus acciones perversas, acuñadas como patrimonio de una minoría que preserva su poder con fines abyectos.

La violencia en el país está articulada a la política como pilar especial. Se ha utilizado para el exterminio del adversario, de los campesinos, de los trabajadores, de los líderes sociales, de los estudiantes, de los defensores de los derechos humanos o de las causas que enarbolan la justicia social. En un lapso de 80 años, entre los siglos XX y XXI se han cometido atroces crímenes promovidos por el sectarismo partidista, la discriminación clasista y el abuso de poder. Paramilitares, sicarios de las mafias, combatientes guerrilleros y hasta militares extraviados han oficiado de actores de la muerte.  La Comisión de la Verdad tiene el balance de tantas atrocidades cometidas y en el país las víctimas de ese desgarramiento sobrepasan los diez millones.

Y ante semejante derrumbamiento no se ha logrado un frente unido contra la violencia. Si bien es cierto que se han logrado acuerdos de paz, estos son mínimos ante la magnitud del conflicto. Y en cambio, desde instituciones de poder, como el Congreso, sobresalen voces de incitación que contribuyen a las escaladas de los grupos armados, aunque se haga creer que se está del lado opuesto. Son voces envenenadas que no admiten las demandas populares y se oponen a todo cuanto represente reconocimiento de los derechos sociales.

Pero es tiempo que los colombianos le cierren el paso a la violencia política. Que no se repitan las muertes, ni los desplazamientos o desapariciones por la filiación política de nadie o por su aspiración a un cargo de elección popular. Los magnicidios, las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes incautos, los asesinatos de militares y policías, de líderes sociales, de ciudadanos en acción de protesta deben quedar erradicados para siempre. La apuesta es la paz con todos los beneficios que debe aportar para la nación, para todos, con plenitud de la justicia, de la convivencia, de la dignidad, de la libertad y de la democracia en su más auténtica expresión.
Y que Miguel Uribe se recupere y pueda reintegrarse a su causa política con la garantía de su integridad personal.

Puntada    

El presidente del Senado Efraín Cepeda se comporta como enemigo de los derechos de los trabadores. Y pretende que se le reconozca como protector de la democracia. ¡Que tal!

ciceronfloezm@gmail.com

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