Es frecuente escuchar a dirigentes políticos o personas con alguna posición en el engranaje público de la nación sus reparos sobre el manejo de los asuntos de interés común. Piden el cumplimiento de cuanto configura el tejido de la legalidad. Dicen angustiarse ante presuntas faltas relacionadas con la llamada institucionalidad. Reclaman seguridad y paz. También dicen estar en la línea de quienes promueven la democracia y estiman que esta debe predominar en el conjunto de la nación para garantizar el Estado Social de Derecho ya consagrado en la Constitución nacional de 1991.

Pero no todos los que expresan tales convicciones son consecuentes con lo que dicen. No son pocos los que caen en contradicciones recurrentes. Y allí cabe aplicar sentencia popular, según la cual “Del dicho al hecho hay mucho trecho”.

Es constante la evidencia de que mientras se invocan los derechos sociales que llevan al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, al mismo tiempo se levantan barreras de exclusión. En el Congreso, que debiera ser faro del bienestar colectivo se legisla a contravía de los intereses del pueblo. Allí se fomenta la división de clases y por consiguiente se le ponen palos de obstáculos a la rueda de la justicia social. Es la estrategia del atraso en beneficio de la codicia de unos pocos.

Deben quedar al descubierto como portadores del engaño quienes al tiempo que invocan la democracia no toman en cuenta lo que se hace para anularla. Los que justifican la ejecución extrajudicial de jóvenes diciendo que fueron bajas en combate, cuando son irrefutables las pruebas de que fueron muertes calculadas para hacer creer que eran golpes contra los alzados en armas.

¿Y cómo se puede hablar de democracia cuando se apoyan las bandas criminales del paramilitarismo para que asesinen a los líderes sociales, a los defensores de los derechos humanos, a los campesinos para apoderarse de las tierras de su propiedad?

El repudiable atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se ha calificado como una acción contra la democracia. Y sin duda lo es. Pero le anteceden muchos otros. El exterminio de la Unión Patriótica es un capítulo de horror de la violencia política en Colombia, como también están en ese rango los asesinatos de los candidatos presidenciales de distintas vertientes.

Y es una resta para la democracia la alianza que mantienen algunos grupos con las mafias del narcotráfico o los clanes que se lucran de las economías ilícitas, como es la explotación ilegal de la minería o las acciones que generan deterioro ambiental.

Se diezma la democracia con la situación de pobreza de un alto porcentaje de la población nacional. La desigualdad consentida en el conjunto de la sociedad es un desgarramiento que fomenta la exclusión. También se debilita la democracia cuando la población no tiene garantizado un servicio sostenible de agua potable y cuando la educación y la salud se convierten más en negocios lucrativos de grupos económicos y dejan de ser un derecho de reconocimiento global.

Hay que poner a salvo la democracia visibilizando a quienes la diezman desde sus espacios influyentes.

Puntada

Los proyectos para el Catatumbo deben ponerse a salvo de quienes buscan aprovechamientos indebidos.

ciceronfloezm@gmail.com

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