Un proceso de extinción de dominio fue el resultado de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación contra las cientos de tiendas de Lili Pink, una reconocida marca de ropa interior femenina que se extiende en Colombia y en países como Ecuador, Venezuela y México.
En la indagación, que duró cerca de cinco años, se decidió que la administración provisional del Estado asumirá la custodia de estos almacenes mientras avanza el proceso contra sus directivos por presunto lavado de activos y contrabando de productos textiles.
Esta marca habría sido utilizada como fachada para facilitar el ingreso irregular de mercancía al país, así como para canalizar recursos de origen ilícito dentro del mercado local. Los operativos liderados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se realizaron en Bogotá y otras ciudades del país.
Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), le contó en su momento a EL COLOMBIANO que ya se venía implementando una herramienta tecnológica denominada “el Ojo de la Dian”, una especie de software que vigila y emite alertas sobre conductas sospechosas, como la consulta injustificada de datos de terceros o trámites irregulares de devolución de IVA.
¿Quiénes son los dueños de Lili Pink?
Cabe mencionar que Lili Pink fue fundada en 2006 en el barrio Toberín, en Bogotá, por la familia Abadi, especialmente por Max Abadi y su hijo David Abadi, quienes buscaban competir en el mercado frente a poderosas marcas como Leonisa.
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Con el tiempo, la compañía se expandió a nivel nacional e internacional, ampliando su catálogo para incluir no solo ropa interior femenina, sino también pijamas, splash, vestidos de baño, maquillaje y otros productos para el cuidado de la piel. Sin embargo, en 2015 pasó a manos del holding panameño Lili Brands, que se convirtió en su único propietario.
En Colombia, la marca opera bajo la franquicia Fast Moda S.A.S., constituida el 25 de junio de 2020, cuyo único accionista figura como Bestsea Blue S.A., constituida en 2020 en Ciudad de Panamá.
Lorena Bernal Castro es la representante legal de Fast Moda S.A.S., quien aseguró que desde la empresa están “dispuestos a llegar a las últimas consecuencias” frente a las denuncias públicas en redes sociales, sobre las cuales el año pasado instauraron una acción de tutela por la presunta vulneración del derecho al buen nombre.
Este amparo fue negado por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá en segunda instancia, mediante una sentencia publicada el 26 de octubre de 2023. No obstante, según afirmó Bernal, las acciones legales continuaron con una demanda penal ante la Fiscalía por injuria agravada, proceso que tuvo una citación a diligencia de conciliación la semana pasada.
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