El cobro de los peajes concesionados se convirtió en un tema que ha causado polémica en el país en las últimas semanas y hasta un amago de paro en el sector del transporte de carga, que viene denunciando incrementos desmesurados e instalación de más casetas a nivel nacional.

Por eso, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, habló sobre las diferencias con el gremio de los transportadores y las medidas que desde el ejecutivo se han venido tomando frente a la problemática.

La funcionaria explicó que de los 99 peajes que tiene concesionados la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), solo cuatro presentan incrementos superiores a la inflación, en los cuales se ha venido trabajando de forma articulada con las diferentes entidades para encontrar una solución.

- ¿Cuál es el inconformismo que hay en este momento con los peajes en el país?

El problema se reduce a 29 contratos de vías concesionadas que encontramos firmados de anteriores gobiernos. De los 99 peajes que administra la ANI de las concesiones de cuarta generación, 91 peajes se incrementaron con el IPC, 4 peajes no tuvieron incrementos y 4 más tenían incrementos muy por encima de la inflación, por lo que hemos generado unas mesas de trabajo permanentes con los actores regionales y, desde hace tres semanas, con los transportadores, para tratar de buscar soluciones dentro del marco contractual.

En esos cuatro peajes hay incrementos, en algunos casos de hasta 250 % previstos, por ejemplo, lo que es evidente que eso no es sostenible, pero también es evidente que no se pueden incumplir los contratos, los tengo que honrar como están, el Estado tienen que honrar los compromisos que asume, porque si se llegan a incumplir se corre el riesgo de no volver a conseguir financiación para los proyectos de infraestructura que se vienen desarrollando en el país.

- ¿Qué se está haciendo específicamente con esos cuatro peajes?

La ANI se ha sentado a mirar y utilizar herramientas contractuales que no se utilizaban antes para ver cómo matizar y mitigar el impacto de esos incrementos que están muy por encima de la inflación. Nosotros no estamos revisando los contratos ni tenemos una política de reajuste, estamos es utilizando los mecanismos que existen dentro de los mismos, para buscar tarifas diferenciales o diferir los incrementos en el tiempo, pero no podemos tener una política general de renegociación, porque todo depende de cada contrato, de lo que está pactado.

En los peajes donde se presentó un aumento superior al IPC, entre los que se encuentran Calamar, en el proyecto Puerta de Hierro-Cruz del Viso; Machetá, en la autopista Transversal del Sisga, y Lizama, en el corredor Bucaramanga-Barranca-Yondó, se establecieron tarifas diferenciales para los residentes en las áreas de influencia de los proyectos. En Lizama, por ejemplo, se expidieron 4.000 tarifas preferenciales, en otros se expidieron 2.000 tarifas, en otro de los proyectos se decidió diferir en el tiempo el incremento, es decir, un porcentaje al inicio del año y otro porcentaje al final.

- ¿Qué otros compromisos se han dado desde el Gobierno Nacional frente al tema?

Hay unas mesas de trabajo que se han venido dando y que llevan varios meses dándose, y se han incorporado a los transportadores, precisamente para solucionar esos cuatro temas. Esas mesas se van a continuar de manera permanente. Además, tenemos una veedurías que promovimos desde el Gobierno, donde la gente tiene acceso no solo a los contratos sino también inclusive a las actas de interventoría. No solamente hicimos público, por primera vez en la historia del país un contrato, la interventoría y todo, sino que nos enfocamos en que la gente tenga conocimiento qué va a pasar de aquí a 2022 en cada uno de esos proyectos.

El segundo compromiso, y el más importante, es que en los nuevos proyectos que vamos a sacar a licitación no existan circunstancias de estas, esto no significa que no haya peajes, sino que simplemente no encontremos incrementos absurdos de un día para otro, los peajes son necesarios, no solamente porque financian un porcentaje de la construcción de las vías, sino porque ayudan al mantenimiento de las mismas.

- Los transportadores se quejan de dos cosas puntuales: el alza en los peajes y la instalación de nuevas casetas que ingresarían en lo que queda del actual gobierno, que serían 34, según los gremios...

En el tema de las nuevas solamente opera para algunos proyectos, sobre todo para cuando hay proyectos de cero, que no son la mayoría. El compromiso que nosotros asumimos fue revisar y por eso el pilar de los nuevos proyectos que vamos a sacar es la sostenibilidad. La respuesta que tengo de la ANI es que este año el Invías tiene cero casetas nuevas y la ANI tiene cero casetas nuevas. Cero en el año 2021.

Adicionalmente, estamos construyendo con todas las agencias del ministerio una política a largo plazo que no puede ser simplista, porque una intervención en terreno plano o una doble calzada es muy distinta a una intervención de un túnel o un viaducto, por eso esto tiene que tener una racionalidad técnica, pero no tan simple como decir que no puede existir un peaje cada 50 kilómetros, porque todo depende del tipo de intervención y el costo de la misma.

Los costos de los peajes de las vías concesionadas son mayores, porque no solamente están financiando la construcción de la obra, sino que están pagando la financiación. En el caso de los proyectos concesionados a la ANI, las vigencias futuras están a 20 o 25 años, dependiendo del proyecto, y se paga con cargo del 70 % a las vigencias futuras y 30 % con cargo a los peajes en la mayoría de las Alianzas Público Privadas.

- El Ministerio manifestó la semana pasada que no tiene injerencia en los peajes que están instalando algunos municipios y departamentos. ¿Entonces a quién corresponde?

En las vías nacionales tenemos unos contratos que honrar y por eso tenemos 4 de 99 que tienen los problemas que mencioné y esos son los que hemos trabajado utilizando mecanismos contractuales. Caso distinto cuando se trata de vías departamentales, ahí es donde digo que como Ministerio no tengo competencia sobre una concesión que ya hizo un departamento y un peaje que cobra, ellos son los que fijan las tarifas con sus consejos municipales.

- ¿Cuál es el trabajo que viene haciendo el Gobierno Nacional frente a los peajes municipales?

Lo que nosotros venimos haciendo es ser articuladores entre los transportadores y los alcaldes  municipales, para que ellos sean tenidos en cuenta, pero también estamos trabajando, teniendo en cuenta todo esto, en como podemos definir una política a futuro.  

-¿Cuál es el mensaje que le envían desde el gobierno a los transportadores?

Entiendo que hay un problema jurídico, pero no es sano pensar que los peajes no se necesitan, porque una cosa es que en un proyecto hayan abusado del ingreso esperado y otra cosa diferente que sin peajes no logramos hacer ni el mantenimiento de las vías. Respetamos la protesta pacífica, pero la consecuencia no va a ser que el Ministerio va a decir que no va a cobrar peajes, porque tenemos unos compromisos contractuales que tenemos que honrar. El cobro de peajes es fundamental para la construcción de nueva infraestructura y también para el mantenimiento de las mismas. Ahora lo que tenemos que garantizar es que a futuro no hayan incrementos abusivos, eso lo tenemos clarísimo.

Además, quiero reiterarles que este es un ministerio que siempre ha tenido un diálogo permanente y fluido con el sector transportador, que le ha dado la misma importancia que la que tiene la infraestructura, que desde el primer día se ha sentado en mesas de trabajo para buscar soluciones a los problemas históricos del sector.