Un fuerte llamado de atención pronunció la jueza 44 penal del circuito de Bogotá al rechazar la nulidad del proceso al expresidente Álvaro Uribe y en consecuencia dejar en firme el juicio por los delitos de fraude procesal, soborno y soborno a testigos.
Para la juez, no existe ninguna razón para que Uribe y su defensor aleguen desconocimiento de los hechos que fundamentan la acusación, toda vez que el proceso lleva más de cuatro años, tiempo suficiente para conocer las causales y hechos en contra.
Así mismo, cuestionó que, además de haber elegido el procedimiento a través del cual se regiría su investigación, renunciando a su fuero para terminar en la justicia ordinaria, ahora quiera “escoger la invalidación de los actos procesales”.
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“Pues si alguna duda le surgía en relación con la acusación, la solución no era la de invocar la nulidad, sino como lo recalcó la Corte Suprema de Justicia, procede de invocar su aclaración, punto que para nada exprimió en el momento procesal oportuno. Así, pese a que los enunció, en manera alguna el señor defensor acreditó los principios que rigen la declaratoria de nulidad, de nada se socavó el debido proceso del señor imputado, por el contrario, tal como ya quedó acreditado, aquel desde hace más de cuatro años tiene claro los hechos con los cuales se encuentra vinculado el proceso”, advirtió la juez.
Añadió además que “conllevaría un despropósito permitir, como lo indicó la Corte Constitucional, que además de poder escoger el procedimiento a través del cual se regiría su investigación, también se le permitiera al procesado poder a su antojo escoger la invalidación de los actos procesales, cuando con su renuncia al fuero, libremente se metió a la justicia ordinaria”, apuntó la administradora de justicia.
Consideró también que la conducta de Uribe y su defensor representan una evidente dilación al proceso y cuestionó al abogado Granados: “¿No es para usted una necesidad de avanzar para finalizar rápidamente el proceso a su cliente?”, dijo.
Con la decisión de la juez, el proceso inicia de manera formal. Por los delitos imputados el líder del Centro Democrático se expone a una pena entre los 6 y 12 años de prisión. El desarrollo del juicio podría extenderse al menos por dos años.
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