El presidente Gustavo Petro volvió a encender las alarmas sobre la libertad de prensa en Colombia. En un consejo de ministros televisado el pasado 15 de agosto de 2025, el mandatario ordenó al ministro TIC, Julián Molina, iniciar la licitación del Canal 1, aun cuando la concesión está vigente hasta el año 2037.
“El ministro tiene la orden de empezar la licitación del Canal 1. Una nueva forma de manejar la televisión. Que no es del gobierno pero tampoco del potentado económico. Debe ser de las juventudes, de la gente de la cultura, del arte. Y esa es una orden ya, ministro, porque ojo ahí ya hay incluso irregularidades”, dijo Petro frente a millones de televidentes.
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El Canal 1, operado por Plural Comunicaciones, fue adjudicado en 2017 con una inversión de más de 117.000 millones de pesos. Desde entonces ha construido una parrilla plural que hoy incluye Noticentro 1 desde las regiones y su emisión central en la noche, boletines informativos a lo largo del día, el magazine Lo Sé Todo, las investigaciones periodísticas de La Silla Vacía, espacios de análisis como La Polémica, La Luciérnaga de Caracol Radio y W Sin Carreta, además de Mesa Central de El Colombiano y el pódcast Acento, dirigido por Cristian Verbel, director de La Opinión.
En estos programas se ha ejercido, de manera legítima, el derecho a la libertad de expresión con voces de todos los sectores y análisis del momento político que no siempre son cómodos para el Gobierno. Hoy, la orden presidencial de licitar el canal se lee como una toma directa de uno de los pocos espacios plurales e independientes de la televisión abierta nacional.
La decisión ha sido calificada como una expropiación disfrazada que amenaza la independencia informativa. Para muchos, este no es un simple movimiento administrativo: es un golpe directo a la prensa libre.
