El gobierno de Gustavo Petro alista el decreto para el llamado a sesiones extras a la Cámara de Representantes para que se dé allí el debate que exigió hoy la Corte Constitucional, al devolver a esa corporación la reforma pensional.
"Es importante que no se haya hundido la reforma pensional en la Corte Constitucional, que la hayan enviado de nuevo a Cámara para que se discuta más, o sea haya más debates; por lo tanto, el Presidente de la República, a través del Ministerio, convocará a extras a la Cámara para que se discuta y se dé el debido debate para que sea ley de la República, porque debe empezar a partir del 1 de julio".
Así lo afirmó este martes el ministro del Interior, Armando Bendetti, quien sostuvo que "ya mismo el Ministerio está trabajando en eso" de la convocatoria a extras, que se estiman serían a partir de la próxima semana,
Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, dijo estar listo para ampliar el debate sobre la reforma pensional, como lo exigió el Tribunal Constitucional.
Léase también: Corte Constitucional devolvió a la Cámara la reforma pensional
"Estoy listo para liderar la discusión de la Reforma Pensional. La Cámara de Representantes es el escenario de la concertación y del trabajo armónico en función de las y los colombianos. En medio de las dificultades es nuestro deber sacar lo mejor de nosotros", afirmó Salamanca, en un mensaje en su cuenta de X.
La Corte Constitucional devolvió hoy a la Cámara esa reforma para que se discuta de nuevo en plenaria y se subsanen los vicios de procedimiento que se presentaron en su aprobación, al pronunciarse sobre la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, que solicitaba declarar inexequible la norma, porque no fue aprobada con el suficiente debate.
Aunque la Corte encontró que sí hubo vicios de procedimiento en la aprobación de la reforma pensional, porque no se dio al proyecto el suficiente debate, determinó que este es un vicio subsanable y por ende devolvió el proyecto a la Cámara para que lo supere.
La Cámara tendrá un plazo de 30 días para dar un nuevo debate a la disposición, dando una discusión a fondo y no aprobándola a "pupitrazo", como ocurrió en la primera ocasión.
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