En medio de un tenso compás de espera por la inminente decisión de Estados Unidos sobre la certificación en la lucha antidrogas, el presidente de la República, Gustavo Petro, planteó sorpresivamente el regreso de la fumigación aérea con glifosato, un viraje en su política que lo enfrentó directamente con la férrea jurisprudencia de la Corte Constitucional y abrió un profundo debate sobre la viabilidad de su propuesta.

Aunque por años fue un acérrimo crítico de este método de erradicación, el presidente Petro abrió la puerta a su uso el pasado 8 de septiembre, condicionándolo a la respuesta de las comunidades en zonas con cultivos ilícitos. “Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, señaló el mandatario.

La propuesta surgió después de que más de 40 militares fueran retenidos por comunidades en El Tambo, Cauca, durante operativos contra disidencias. Este hecho sirvió como el argumento doméstico para un cambio de postura que contradecía su defensa histórica de la sustitución voluntaria, bajo la premisa de que la aspersión “no sirve y criminaliza a los campesinos”.

El anuncio de Petro no ocurrió en un vacío. Se produjo a solo una semana de que el gobierno de Donald Trump emitiera su veredicto. Según un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la “única razón posible” detrás del giro presidencial fue una “estrategia política para influir en la inminente decisión” de Estados Unidos.

La noche del 15 de septiembre, el propio Petro confirmó, adelantándose a la Casa Blanca, que el país había sido descertificado por primera vez en 28 años. El documento final de la descertificación reveló la presión que existía, al mencionar que Washington podría reconsiderar su postura si el Gobierno colombiano tomaba “medidas más agresivas para erradicar”.

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Tras la confirmación, el Gobierno colombiano rechazó la medida. El embajador en Washington, Daniel García-Peña, la calificó como “política”, “injusta” y motivada por razones ideológicas. "No les gusta el manejo del presidente Petro", aseguró. Además, criticó la visión simplista desde el exterior: "Es mucho más fácil decir desde Washington ‘fumiguen’, pero en el territorio es más difícil".

Por su parte, el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, explicó que “las cifras son las cifras” y que la decisión se basó en los datos de cultivos y producción, que pesaron más que el récord de incautaciones de 884 toneladas de cocaína. No obstante, reiteró que la ayuda de su país a Colombia "va a continuar al cien por ciento".

Un muro jurisprudencial infranqueable

La principal barrera para las intenciones del Ejecutivo es la Sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional. Según esta jurisprudencia, el programa de aspersión aérea está suspendido hasta que el Gobierno cumpla seis condiciones estrictas, entre las que destaca la obligación de presentar “evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”.

La FIP calificó de "imposible" cumplir con este requisito. Además, existe un precedente clave: el gobierno anterior de Iván Duque intentó durante casi toda su administración reactivar el uso del glifosato, pero sus esfuerzos, que incluyeron la expedición del Decreto 380 de 2021, se vieron frustrados por múltiples acciones de tutela y decisiones judiciales que concluyeron que no se lograban satisfacer las exigencias de la Corte.

El análisis de la normativa y los fallos judiciales vigentes revela que no existe una estrategia jurídica clara y a corto plazo para que el Ejecutivo logre superar el bloqueo de la Corte Constitucional. El llamado de Petro a que el alto tribunal “reconsidere su sentencia” es más un exhorto político que un mecanismo legal efectivo, pues la jurisprudencia está fuertemente consolidada.

Por tanto, la propuesta de reactivar la fumigación se perfila no como un plan legalmente viable, sino como una medida política inviable. Fue un intento de responder a la presión de Estados Unidos que, sin embargo, no logró cambiar la decisión de Washington y, al mismo tiempo, reafirmó los límites constitucionales que enfrenta el Gobierno en su política de lucha contra las drogas.

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