La Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Civil, confirmó la sentencia que mantiene la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el prófugo de la justicia, Carlos Ramón González Merchán, quien se desempeñaba como exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).
Esto, luego de que se concluyera, a través de las pruebas halladas en su contra sobre la presunta participación que habría tenido como determinador en el esquema de sobornos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), son más que suficientes para justificar su privación de la libertar.
El alto tribunal respaldó la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida en septiembre del año pasado, que encontró acreditada la inferencia razonable de autoría de González en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por aprobación y lavado de activos.
La justicia determinó que el exfuncionario ofreció a Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, presidentes del Senado y Cámara respectivamente durante el periodo 2023 – 2024, “la posibilidad de manejar contratos públicos o dinero” con el objetivo de conseguir apoyo para los proyectos de ley del Gobierno del presidente Petro.
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Investigaciones sobre la ruta de los $4.000 millones
El fallo detalló la operación ilícita orquestada para cumplir con los compromisos políticos. Según la investigación avalada por la Corte, González solicitó a Olmedo de Jesús López Martínez, entonces director de la UNGRD, entregar las sumas acordadas, operación que se materializó en dos momentos clave el 25 de septiembre de 2023.
Para Iván Name se destinaron $3.000 millones de pesos, convenio pactado en un desayuno en la habitación 2312 del Hotel Tequendama, organizado por la exconsejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova. En el caso de Andrés Calle, el monto ascendió a $1.000 millones de pesos, entregados en las instalaciones de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Los recursos provinieron de un contrato de $46.000 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira, del cual Olmedo López exigió un 14% en sobrecostos. La entrega física del dinero a Name se realizó mediante maletas transportadas en camionetas oficiales, recibidas inicialmente por Sandra Ortiz de manos de funcionarios de la UNGRD.
La defensa de González alegó que la acusación se basaba en “testimonios sesgados” y carentes de respaldo objetivo. Sin embargo, la Corte desestimó este argumento y validó la credibilidad otorgada a las declaraciones de Olmedo López, quien fue “consistente en señalar al entonces director del DAPRE como la persona que, desde su posición, le ordenó ejecutar los actos de corrupción”.
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