La concejal Clara Sandoval rechazó las acusaciones sobre la supuesta imposición de trabas para el acceso al aborto en la capital a través del recién aprobado Acuerdo 340 y aseguró que el texto no obliga a las mujeres a someterse a exámenes psicológicos previos, pese a las advertencias de sectores políticos y organizaciones como Profamilia que calificaron la medida como inconstitucional y pidieron su objeción inmediata por presuntamente desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Sandoval calificó como “desinformación” las interpretaciones que sugieren que el proyecto establece requisitos adicionales para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y enfatizó que el documento final no condiciona la voluntad de las madres.
“En ninguna parte dice que se tienen que hacer un examen mental. En ninguna parte se está diciendo que se le está poniendo una traba”, afirmó en Blu Radio la cabildante al defender el articulado.
Según la funcionaria, el acuerdo establece que la administración distrital implementará “mecanismos y estrategias para acompañamiento psicosocial y comunitaria con énfasis en salud mental a todas las mujeres madres gestantes garantizando el respeto por la voluntad de las madres”.
La organización Profamilia emitió un comunicado en el que rechazó la aprobación del acuerdo por parte del Concejo de Bogotá y solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán que lo objete. La entidad argumentó que la decisión es inconstitucional y busca imponer nuevas barreras al acceso al servicio.
“Ninguna autoridad puede imponer requisitos adicionales ni condiciones que dificulten su acceso”, señaló la entidad, tras recordar que el aborto es un derecho fundamental garantizado hasta la semana 24 de gestación según la Sentencia C-055 de 2022.
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Frente a estos cuestionamientos, Sandoval insistió en que la normativa se basa estrictamente en lo dictado por el alto tribunal. “Lo que nosotros estamos haciendo es desarrollando la sentencia de la Corte”, explicó.
La concejal citó la jurisprudencia para justificar el enfoque del proyecto: “Se deben diseñar medidas de protección de la vida del que está por nacer, atendiendo al carácter gradual e incremental de dicha protección y, al mismo tiempo, medidas para garantizar la realización de los derechos de las mujeres, niñas y personas gestantes, incluidas alternativas a la interrupción voluntaria del embarazo”.
Durante la discusión pública, surgió una confusión respecto a las cifras de salud mental en gestantes. Sandoval aclaró que el dato sobre un incremento del 47 % se refiere al aumento de mujeres que manifiestan conductas suicidas en general y no a la totalidad de las gestantes.
“Hay un problema grave de salud mental y tenemos que abordarlo”, indicó la concejal, quien argumentó que el énfasis en salud mental busca que el Estado ofrezca una atención integral que trascienda el examen físico.
Sandoval reiteró que el objetivo es que las mujeres tomen decisiones basadas en “información completa, clara y oportuna”, y negó que esto implique coacción.
“La misma Corte ha dicho que a una mujer, ni a una persona, ni a ningún ciudadano, se le restringe la libertad por fortalecer la información”, agregó.
A pesar de las explicaciones de la ponente, quien aseguró que el texto incluye frases específicas para evitar malas interpretaciones como “sin atentar contra la voluntad ni capacidad de decisión de la madre”, las críticas persisten.
Profamilia advirtió que el acuerdo vulnera la Constitución de 1991 y el Acuerdo 879 de 2023. “Si enfrentan un embarazo no deseado, pueden solicitar un aborto seguro a través de su EPS o de manera particular, sin requisitos adicionales”, puntualizó la organización de salud.
Por su parte, Sandoval concluyó que la oposición al proyecto proviene de sectores que, a su juicio, no leyeron el texto final. “Si eso fuera así (inconstitucional), el Concejo no lo hubiera aprobado, yo no lo hubiera pasado”, finalizó.
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