Aunque la decisión adoptada por Estados Unidos de retirar la certificación a Colombia en la lucha antidrogas tiene un carácter más político que operativo, es una medida que no deja de preocupar en los territorios, donde se sufre por la guerra sin cuartel entre los grupos al margen de la ley que buscan hacerse del control total de la economía ilegal del narcotráfico. 

En Norte de Santander, autoridades y líderes no pasaron por alto el impacto que pudiera tener esta descalificación por incumplir los compromisos antidrogas, sobre todo porque el departamento concentra una de las mayores plantaciones de coca en el país, con más de 50.000 hectáreas; pero también por el recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, cuya guerra  entre el Eln y la disidencia de las Farc ha dejado 154 personas asesinadas y 72.488 desplazadas, en ocho meses.  

Menos capacidades y más deuda social

Para George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana del departamento, el principal temor es que se sigan afectando las capacidades de la Fuerza Pública, a partir de más recortes en el presupuesto destinado a la lucha antinarcóticos. 

“Son más de 6.000 hombres que dependen de este presupuesto extra, porque el Gobierno nacional, con los recursos que maneja, difícilmente puede asumir el gasto que eso implica”, dijo Quintero, en relación al mantenimiento de la Brigada Especial contra el Narcotráfico en el Ejército y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. 

Explicó que en lo social, esta decisión incidirá directamente en las familias que siguen en territorio, en aquellas que se acogieron a los diferentes programas de sustitución de cultivos ilícitos sin resultados satisfactorios por el incumplimiento de los gobiernos de turno. 

En esa misma línea se pronunció Luis Fernando Niño, alto Consejero para la Paz en Norte de Santander, quien a la preocupación por la descertificación, sumó el fallo del Consejo de Estado contra las resoluciones 0071 y 0084 de 2025, sobre el pago por erradicación voluntaria, adoptado en el marco del Estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo.

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Señaló que esta sanción supone dos obligaciones para Colombia, como erradicar “de manera urgente” el número de hectáreas que afectan al país; y frenar el crecimiento de los cultivos de hoja de coca para evitar nuevas sanciones. 

En este contexto, indicó que Norte de Santander entraría en un nuevo retroceso, a pesar de toda la capacidad que pueda emplear la gobernación del departamento para tratar de ayudar a las familias campesinas afectadas por el negocio de la coca. 

Por su parte, el diputado Juan Diego Ordóñez advirtió que esta medida del gobierno estadounidense contra Colombia podría provocar un debilitamiento en el monitoreo de las erradicaciones y una probable agudización del conflicto, afectando la ya de por sí escasa presencia del Estado en una zona como el Catatumbo.

Llamado de atención por lo que no se hizo

Para Diógenes Quintero, representante a la Cámara por las curules de Paz de Norte de Santander, la descertificación es un llamado de atención al presidente Gustavo Petro por todo lo que dejó de hacer, en especial, en materia de sustitución de cultivos, “que debió ser su gran bandera”. 

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Sin embargo, consideró que aún se está a tiempo de retomar la sustitución de cultivos ilícitos,  y mencionó que, aprovechando que la hoja de coca no tiene arraigo en el Catatumbo, se deben aumentar los esfuerzos en ese sentido, así como la presencia de la Fuerza Pública en el territorio.  

El congresista Quintero es de la opinión que Estados Unidos también debe entrar a revisar la política antidrogas, porque “definitivamente el esfuerzo que está haciendo desde hace décadas en materia de interdicción, incautaciones, erradicación y fumigación ha fracasado”. 

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Cortar la dependencia 

En concepto del defensor de derechos humanos, Enrique Pertuz, la decisión de Estados Unidos, a diferencia de quienes creen que se trata de un castigo político para el presidente Gustavo Petro, sí envía un mal mensaje, porque asegura que la descertificación está manchando el nombre del país y de las Fuerzas Militares comprometidas en la lucha antidrogas.

Planteó que el presidente Donald Trump hizo un mal manejo de la política contra el narcotráfico, por lo que aseguró que el Gobierno nacional debe entrar a revisar el acuerdo con Estados Unidos, “para no seguir dependiendo de un presupuesto que se otorga según los intereses políticos”, dijo.   

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