La región del Catatumbo está enfrentando nuevamente una de las etapas más críticas de los últimos años: una masacre que cobró la vida de una pareja y su bebé de nueve meses y enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y disidencias de las Farc, los cuales han cobrado la vida de varias personas, entre esos, civiles, guerrilleros y firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. 

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Una guerra que, aseguran algunos, se trataría de una ‘crónica anunciada’ y que estaría lejos de terminar pronto, por lo que diferentes asociaciones, y organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y líderes académicos han alzado su voz para exigir el cese de las hostilidades y la protección de las comunidades más vulnerables. 

Comunidades educativas, entre la paz y la guerra

Según el calendario académico de Norte de Santander, el próximo 20 de enero, los estudiantes de todos los colegios públicos y de los 40 municipios deben regresar a las aulas de clase, sin embargo, ayer, en horas de la tarde, la Secretaría de Educación de Norte de Santander expidió la Resolución 0210 del 17 de enero de 2025, determinando que, en el Catatumbo, los niños y jóvenes volverán a las actividades académicas el 27 de enero. 

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De acuerdo con el documento, en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, Convención, Hacarí, San Calixto y en la zona rural de los municipios de El Carmen, Ábrego, La Playa de Belén y Sardinata, los maestros adelantarán del 20 al 24 de enero, la semana de desarrollo institucional de manera virtual, mientras se soluciona la problemática del conflicto armado. 

Por su parte, Leonardo Sánchez, presidente de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort), expresó su enérgico rechazo a los actos violentos en los que se están viendo involucradas las escuelas, colegios y el cuerpo docente. 

Sánchez hizo un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que excluyan a las instituciones educativas del conflicto, subrayando que durante el 2024 se registraron actos de violencia y amenazas contra nueve establecimientos educativos en la región.

El dirigente sindical señaló que los docentes están siendo víctimas de desplazamiento forzado, así como de amenazas, precisando que muchos han tomado la decisión de salir de las zonas afectadas en medio de caravanas, portando banderas blancas como símbolo de paz. 

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“Hacemos este llamado urgente para garantizar que las escuelas y colegios se respeten como territorios de paz”, enfatizó.

En este sentido, Sánchez instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a tomar medidas inmediatas, por lo que propuso la instalación de un consejo de seguridad exclusivo para el magisterio del Catatumbo, así como un consejo territorial de paz, para gestionar soluciones como rutas de evacuación y el establecimiento de un cordón humanitario, acompañados de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros. 

Asimismo, el líder sindical informó que han solicitado ser incluidos en el Puesto de Mando Unificado (PMU) convocado por las autoridades, con el fin de garantizar un seguimiento efectivo a la crisis que enfrentan.

“La niñez y la juventud son nuestra prioridad. Tenemos la responsabilidad de garantizar su formación y protegerlos de la influencia de grupos armados que intentan reclutarlos”, afirmó Sánchez. 

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El líder sindical afirmó que son más de 1.000 docentes los que están enfrentando dificultades para cumplir con su labor debido a la violencia y la inseguridad. 

El resguardo de la iglesia 

Como promotora de paz y defensora de los derechos humanos, la iglesia católica ha hecho también un llamado urgente a los grupos armados para detener las hostilidades. 

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“Hemos pedido a todos los actores es que se sienten a dialogar, que paren la guerra. La población civil es la que más sufre y no se va a solucionar ningún problema con estas acciones”, señaló el obispo de Tibú, monseñor Israel Bravo Cortés, quien también recordó que muchos de estos grupos, en sus orígenes, tenían como ideal proteger a los más desfavorecidos, quienes ahora son las principales víctimas del conflicto.

El prelado destacó que durante el mes de diciembre se llevaron a cabo conversaciones con diversos estamentos departamentales y locales para evitar el recrudecimiento de la violencia, encuentros en los que los actores armados manifestaron intenciones de paz y de proteger a las comunidades, sin embargo, aseguró que estas promesas quedaron en el aire tras el fin de las festividades.

“Pareciera que, terminadas las fiestas, se acabó la tregua y volvió la crisis. Todos insistimos en que esto no debía suceder porque solo genera desconcierto y desesperanza. Lamentablemente, algunos grupos parecen decididos a sacar adelante sus propios intereses, dejando de lado el bienestar de las comunidades”, mencionó. 

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El obispo manifestó que en Tibú reina una tensa calma, lo que ha obligado a muchas familias a abandonar sus hogares por temor a represalias o ataques y en la Diócesis ya han refugiado a alrededor de 70 familias desplazadas, principalmente campesinos que han huido con lo poco que pudieron cargar. 

“La expectativa de lo que pueda pasar genera mucho temor en la población. Hay personas desplazándose de veredas lejanas donde conviven familiares y amigos cercanos, pero cualquier grupo armado puede llegar y acusarlos de apoyar a un bando, desatando los problemas”, explicó.

Ante esta crisis humanitaria, la iglesia ha tratado de brindar apoyo, pero también hacen un llamado a los entes correspondientes, pues el número de desplazados podría aumentar y, mientras el municipio esté paralizado, podría presentarse el desabastecimiento de alimentos.

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“Pedimos a Dios que nos ayude en esta situación que afecta a todos. Es momento de poner fin a la guerra y pensar en el bienestar de las comunidades que han sufrido tanto”, expresó.

Falta de respuestas gubernamentales 

Enrique Pertuz, presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Departamental de Paz y coordinador general de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos de Norte de Santander, indicó que la escalada de violencia que está viviendo el Catatumbo pudo haberse evitado. 

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“Esto se veía venir desde hace meses. Fuimos muchos los que lanzamos alertas para que el gobierno implementara políticas preventivas que garantizaran la seguridad de los habitantes, pero no fuimos escuchados”, afirmó.

Pertuz señaló que la falta de respuesta del Gobierno nacional podría considerarse una omisión grave, por lo que, desde la organización que lidera están evaluando la presentación de una demanda penal contra el gobierno por no haber tomado medidas para prevenir el conflicto. 

Según el defensor, incluso los comandantes de las organizaciones armadas ilegales habían señalado el riesgo latente en la región durante las negociaciones de paz con el Estado.

“El gobierno tenía las herramientas para actuar. En las mesas de negociación con la Farc y el Eln, pudieron haberse abordado las expectativas de la región y tomar medidas preventivas, pero no se hizo nada”, comentó.

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De igual forma, Pertuz comentó que uno de los mayores temores es el impacto que la crisis en el Catatumbo pueda tener en Cúcuta y sus alrededores, ya que a la ciudad llegaran cientos de desplazados quienes huyen de la violencia. 

También advirtió que el conflicto podría llegar a municipios como Ocaña, Ábrego y La Playa de Belén, debido a la presencia de grupos armados en estas zonas.

“La situación en el Catatumbo es solo el inicio. Si no se toman medidas inmediatas, esta crisis se extenderá a otras partes del departamento, generando un impacto aún mayor”, concluyó.

El líder señaló que el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar ha estado comprometido con alcanzar la paz, pero si no hay acciones concretas por parte del Gobierno, los esfuerzos serán en vano. 

“La población está aterrorizada. Muchas personas están considerando abandonar sus hogares, pero necesitamos garantías de que serán protegidas y tendrán acceso a alimentos, salud y otros servicios básicos. No basta con evacuar a la gente; el gobierno debe asegurar su supervivencia”, enfatizó.

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Con respecto a la visita del presidente Gustavo Petro a Tibú el día de ayer, Pertuz señaló que no esperaba nada, porque “lo que el gobierno debía hacer era actuar antes de que la situación se agravara. Este viaje no resolverá la falta de seguridad, ni garantizará la vida e integridad de los habitantes”, expresó. 

Además, criticó la decisión del presidente de romper las negociaciones con el ELN, calificándola como un gesto contraproducente. “Este tipo de acciones no contribuyen a resolver el conflicto. En lugar de abrir canales de diálogo, el gobierno está enviando un mensaje de confrontación”, señaló. 

Alcaldes y organizaciones sociales también se pronunciaron

Por su parte, la Asociación de Municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Catatumbo, también se pronunció a través de un comunicado, a través del cual le piden al presidente Gustavo Petro gestionar un corredor humanitario para atender la crisis humanitaria que permita “la evacuación de heridos, recuperación de cadáveres, ingreso de la misión médica y humanitaria y alimentos. 

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Asimismo, piden garantizar la atención integral y ayuda humanitaria inmediata a la población víctima y agilizar la inversión acordada en el Pacto Social para la Transformación del Catatumbo. 

De igual forma, pidieron al presidente Petro convocar de manera urgente a las delegaciones de las mesas de diálogo con los grupos armados, para lograr el desescalonamiento de las confrontaciones. 

Mientras que diferentes organizaciones sociales, campesinas y comunitarias del Catatumbo como Ascamcat, Asuncat, Asojuntas del Catatumbo, Consejeros de Juventud, Firmantes del Acuerdo de Paz, Consejeros Municipales de Paz del Catatumbo, entre otros, también emitieron un comunicado, exigiendo el cese al fuego y el respeto por la población civil y sus líderes sociales. 

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“Rechazamos cualquier ataque o amenaza contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmante de paz. Ellos son pilares fundamentales de nuestra comunidad y su labor debe ser protegida, no criminalizada ni atacada”, mencionaron. 

También le pidieron al presidente de la República que se impulsen las inversiones que promuevan la paz, el desarrollo y el buen vivir en la región, respondiendo a las “demandas históricas del campesinado y del pueblo barí”.

Mesa de Diálogos de Paz también condena las acciones

La delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes de las Farc-EP, rechazó las acciones violentas y coordinadas del Eln contra la población civil, los firmantes de paz de la región del Catatumbo y los delegados del Estado Mayor del bloque Gentil Duarte en la Mesa de negociaciones de paz. 

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La delegación del Gobierno nacional se solidarizó con las familias afectadas por los hechos de violencia en este territorio y exigió al Eln cesar las hostilidades en una región que, aseguran, le ha apostado a la paz y a las transformaciones territoriales. 

La delegación del Gobierno nacional indicó que valora el llamado a la paz hecho por los representantes del Estado Mayor del Bloque Gentil Duarte, para que cesen los ataques por parte del Eln y la disposición a continuar en un proceso de paz negociada. 

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