Once familias, integradas por al menos 30 personas, llegaron en las últimas horas a Cúcuta luego de haber sido desplazadas forzosamente de la vereda Mineiro, en zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander, como consecuencia de enfrentamientos armados entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.
La situación fue denunciada por la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre el riesgo humanitario que persiste en el Catatumbo y solicitó a la Alcaldía de Cúcuta brindar atención humanitaria inmediata a las familias afectadas, entre ellas niños y adultos mayores.
De acuerdo con la Defensoría, este nuevo desplazamiento evidencia la fragilidad de los ceses al fuego anunciados por los grupos armados ilegales, los cuales no contemplan la suspensión de hostilidades entre ellos, dejando a la población civil en medio del conflicto.
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“El desplazamiento que se presenta hoy en el Catatumbo demuestra que los ceses al fuego son insuficientes, pues no se extienden a las confrontaciones entre el Eln y las disidencias del Frente 33”, advirtió la entidad.
El organismo de control señaló que uno de los principales factores de riesgo para las comunidades no son únicamente los enfrentamientos con la Fuerza Pública, sino los choques armados entre grupos ilegales que se disputan el control territorial.
Según ha reportada la Defensoría del Pueblo, los corregimientos afectados son Reyes de Campo Dos, Pachelli y La Gabarra, también para sus veredas Versalles, 20 de Julio, Oru 7, Campo Seis, Miramontes, El Retiro, El Líbano, Bertrania, Nazareth, La Angalia, Guachimán, Caño Victoria, Campo Tres, Campo Yuca, Socuavo, Caño Indio, Chiquinquirá, Km 19, Km 25, Km 28, Palo Quemado y Llano Grande.
Asimismo, la Defensoría hizo un nuevo llamado a estas estructuras armadas para que desescalen las hostilidades, especialmente en una época del año en la que las familias deberían poder vivir en tranquilidad.
“Si no hay ceses entre los grupos ilegales, no habrá festividades de fin de año tranquilas para la población de los territorios más golpeados por la violencia”, insistió la entidad, al tiempo que recalcó que el desplazamiento forzado no debería ocurrir en ninguna época del año.
La situación en el Catatumbo continúa siendo motivo de preocupación por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a los constantes desplazamientos, confinamientos y riesgos para la población civil derivados del conflicto armado en la región.
"La disputa territorial, activa desde el 16 de enero del 2025, se sustenta en la coexistencia de economías legales e ilegales, que incluyen una alta concentración de cultivos de uso ilícito. Esto convierte a Tibú, por su extenso límite fronterizo con Venezuela, en un corredor estratégico de importante valor para los actores armados al margen de la ley", ha mencionado la entidad.
Con información de Colprensa
