El pasado 8 de junio, una niña de tan solo 12 años, perteneciente a la comunidad barí, fue raptada por dos hombres armados mientras se dirigía a la iglesia en el casco urbano del municipio de Tibú. Según denunciaron las autoridades indígenas, el propósito del rapto era reclutarla a la fuerza en las filas de un grupo armado ilegal, del cual no se mencionó nombre.

Gracias a la oportuna intervención de los líderes y autoridades tradicionales barí, se logró gestionar el regreso de la menor a su familia. Sin embargo, este hecho evidencia un patrón de violencia y abuso que ha puesto en alarma a la comunidad, que teme por la seguridad de sus niñas, niños y adolescentes.

"No somos parte de esta guerra"

A través de un comunicado público, el pueblo barí hizo un llamado urgente a los grupos armados a cesar de manera inmediata estas prácticas que vulneran los derechos de los pueblos indígenas, especialmente de su niñez.

“Nosotros no hacemos parte de esta guerra y exigimos que no nos involucren en ella. El reclutamiento forzado de nuestros niños y niñas es un daño a la autonomía, al gobierno propio y a la identidad cultural barí”, expresó la comunidad.

Asimismo, exigieron la devolución inmediata de todos los menores de edad que han sido reclutados contra su voluntad, recalcando que es inaceptable hablar de paz mientras se siguen cometiendo actos que violan los principios más elementales de los derechos humanos.

Llamado al Gobierno Nacional y organismos internacionales

La comunidad barí hizo un enérgico llamado al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República, para que asuma su responsabilidad de proteger a los pueblos indígenas como sujetos de especial protección constitucional.

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“Hacemos un llamado a las autoridades de gobierno local y Nacional a tomar medidas eficaces para evitar el reclutamiento de menores del pueblo barí y garantizar nuestra pervivencia cultural”, reclamaron.

Igualmente, dirigieron una exigencia puntual al Alto Comisionado para la Paz y a los delegados del Gobierno en los actuales diálogos con grupos armados, para que incluyan como prioridad la exigencia de respeto hacia el pueblo barí y el retorno de los menores reclutados.

“No se puede hablar de paz de manera indolente mientras los grupos armados cometen acciones que afectan a nuestras comunidades y raptan al futuro de nuestro pueblo”, advirtieron.

Apoyo internacional solicitado con urgencia

Asimismo, la comunidad indígena solicitó el respaldo de la comunidad internacional y de los organismos encargados de verificar los procesos de paz en Colombia. En particular, pidieron a la Misión de Verificación de la ONU, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y a los países garantes su intervención para lograr el regreso de los menores víctimas de reclutamiento forzado.

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“El futuro de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestra historia, está siendo arrebatado. Necesitamos que el mundo escuche nuestro clamor y nos acompañe en esta lucha por la vida y la dignidad de nuestros hijos e hijas”, concluye el pronunciamiento del pueblo barí.

El reclutamiento en auge

La instrumentalización de menores de edad es un problema que existe en Colombia desde hace décadas y que se agrava cada vez más por la falta de oportunidades y garantías para los niños, niñas y adolescentes. 

Durante el año pasado, se reportaron 297 casos de menores reclutados, utilizados en acciones delictivas como hurtos, homicidios y el expendio de sustancias ilícitas, de los cuales seis ocurrieron en Norte de Santander.

En Cúcuta, en lo corrido del año, 121 menores han sido capturados por delitos como robo, hurto, tráfico y fabricación de estupefacientes, lesiones personales, entre otros, según datos de la Policía Metropolitana. 

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