Más de mil motocicletas abandonadas por los propietarios reposan en los patios de la Terminal de Transportes de Ocaña y las autoridades no saben qué hacer con ellas.
El secretario de Movilidad y Tránsito, Leonardo Moreno Bonilla, indica que nadie las reclama y para emprender una subasta encaminada a la chatarrización se gasta más en el peritaje y la legalización del proceso en comparación con los recaudos.
“Conocimos el trabajo adelantado en Bucaramanga, una de las pocas ciudades del país donde se ha implementado ese mecanismo y la relación de costos beneficios no llena las expectativas. Por ejemplo, si se invierten 50.000 pesos, solo se recupera 25.000, entonces no es viable”, reiteró.
Ninguno quiere poner freno a esa situación y en los patios de la Terminal de Transportes se amontonan, oxidan y se pierden en la maleza las motocicletas de aquellas personas agobiadas por las deudas, quienes buscan alternativas para sobrevivir.
Mecanismos jurídicos
Expertos en la materia echan mano de las herramientas legales para solventar la problemática y poder evacuar esos vehículos de los patios donde se presenta alta ocupación.
El inspector de Tránsito y Transportes de Ocaña, abogado Jesús Daniel Pérez Hernández, explica el propósito de la Ley de Patios fundamentada en la premisa de arreglar la situación con los propietarios de los vehículos inmovilizados que reposan en los parqueaderos de los municipios.
“Buscar una solución para que no perduren de manera indefinida en esos espacios y sean utilizados posteriormente. Una vez transcurra un año sin que la persona infractora haya subsanado la falta que dio origen a la inmovilización y no haya retirado el vehículo entonces el municipio puede declarar mediante un acto administrativo el abandono”, reitera.
Se requiere antes agotar un debido proceso, luego divulgar en un medio de comunicación la decisión, esperar 15 días y si el interesado no aparece, se declara el desinterés de esa persona, posteriormente se expide el acto administrativo correspondiente.
“Si una vez ejecutoriado y notificado, el interesado no interpuso recurso o hizo algún tipo de reclamo, la entidad puede hacer un proceso de contratación pública de diferentes formas, grupal o individual, para hacer los remates correspondientes”, asegura el profesional del derecho.
Reitera que el procedimiento es costoso teniendo en cuenta que a la administración le corresponde asumir los gastos procesales relacionados con las experticias técnicas y la publicidad para que los ciudadanos conozcan de primera mano la información.
Se debe verificar la legalidad de esos vehículos, que no hayan estado inmersos en ningún tipo de delitos, no estén regrabadas la identificación del motor, chasís o tantas cosas que pueden pasar de manera irregular.
Debe existir un inventario para determinar las condiciones técnicas del automotor, el deterioro, el costo comercial, las afectaciones por el estado de abandono.
Todo estas actuaciones y documentos para hacer los trámites generan costos y los cuales no se pueden recuperar en su totalidad”, precisó.
Sobre los vehículos venezolanos existe un listado donde se recopila la información y se envía a la DIAN, para hacer el proceso correspondiente con aquellos que no estén registrados dentro del territorio nacional.
“En 2019 se dio un tiempo para los trámites, sin embargo, otros están de manera ilegal en nuestro país y no pueden circular, los cuales serán dejados a disposición de la entidad aduanera para la destrucción de esos bienes”, reiteró.
Las causas más comunes del abandono están relacionadas con la carencia de los recursos para subsanar las faltas o motivo de la inmovilización, existen comparendos de obligatorio pago como, por ejemplo, la contravía, pasarse un semáforo en rojo.
“La gente dice vale más el comparendo por concepto de seguro o revisión técnico mecánica que la motocicleta, la dejan perder y adquieren otra por los sistemas de créditos. También hay casos de personas que cometieron delito, generando lesión u homicidio y para no verse involucrados dejan los vehículos abandonados”, precisó.
El abogado indica que los lineamientos no corresponde a caprichos de las autoridades son requisitos impuestos por el Congreso de la República para salvaguardar la vida de los conductores y peatones.
El remate lo puede hacer directamente el alcalde sin solicitar la aprobación de los concejales ya que no son bienes públicos y la ley busca evacuar esos medios de transporte de los particulares que, por su desinterés, no remedian la situación.
De acuerdo con los cálculos, la cifra en Ocaña supera los mil vehículos.
Análisis concienzudo
El secretario de Movilidad, Tránsito y Transportes, Leonardo Moreno Bonilla, adelanta las gestiones para remediar ese fenómeno que crece todos los días en Ocaña.
En tres ocasiones inescrupulosos han intentado quemar los vehículos guardados en los patios de la Terminal y las afectaciones han sido respaldadas con las pólizas de aseguramiento.
En la actualidad, se adelantan conversaciones con expertos en la materia para aplicar los procedimientos tendientes a desintegrar aquellas unidades que se encuentren en alto grado de deterioro, a la intemperie con exposición al agua y al sol en áreas destinadas para tal fin en cabeza de los organismos de tránsito.
“Estuvimos en Bucaramanga para conocer la experiencia y encontramos que los costos operativos son bastantes altos si lo asume la administración. Estamos a la espera de la colaboración de entidades intermediarias para hacer la desintegración del parque automotor con más de dos años de abandono”, precisó.
Califica como costoso el procedimiento hecho en la capital de Santander y Ocaña no cuenta con el músculo financiero para soportarlo. “La relación de ingresos y gastos no daría para la proporción de vehículos que tenemos. Sin embargo, estamos estudiando posibilidades para resolver esa problemática lo más pronto posible.
“Aplicar lo que establece la ley con un análisis de la situación de los vehículos, inventarios, se mira algunos embargos, aspectos judiciales, avalúo comercial, el valor, el registro del automotor y pagar los comparendos. En algo muy complejo y asumir esa tarea genera gastos que no se pueden justificar ante los entes de control del Estado”, puntualizó.
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