La organización Transparencia Venezuela, en su más reciente informe acerca del desarrollo y estructura de las economías ilícitas que operan en ese país durante las dos últimas décadas, describe cómo la ausencia de un sistema de justicia imparcial y transparente ha permitido que los ciudadanos hayan quedado al desamparo. 

Sostiene la investigación que como resultado de círculo causal entre corrupción sistémica y redes criminales complejas, Venezuela ha sido escenario de una permanente destrucción institucional, con un sistema de justicia que, “por omisión no garantiza el estado de Derecho, no lleva a cabo procesos imparciales y transparentes”.

Por acción, la situación no ofrece un mayor amparo, pues el informe sostiene que en ese país hay instituciones parcializadas que obedecen a poderes económicos y políticos, lo que habría desatado la crisis que impide a la mayor parte de la ciudadanía acceder a recursos básicos para ejercer sus derechos.

Tras el análisis de los procesos bajo los cuales operan las estructuras criminales, la organización concluye que el sistema de justicia se ha llegado a convertir en instrumento de represión y cómplice de los grupos ilícitos y las redes corruptas.

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De esta manera, señalan que la alianza de actores que sostienen las empresas criminales a gran escala, incluso trasnacional, sirve como punto de partida para el contrabando de oro, lavado de dinero, la trata de personas, la explotación laboral infantil, los trabajos forzados, los crímenes ambientales y narcotráfico.

Transparencia Venezuela, asegura que los sectores socioeconómicamente más vulnerables han sido los principales perjudicados.

La incredulidad que tiene el ciudadano ante el sistema de justicia, lo lleva a crear vínculos de lealtad y hasta admiración hacia los grupos ilícitos como ocurre con los líderes negativos que desde las cárceles tienen injerencia en las actividades regulares del “sistema”. 

La indefensión en la que se encuentran los ciudadanos queda reflejada en la realidad que afrontan muchos mineros artesanales en el Arco Minero del Orinoco y pequeños recolectores de chatarra que operan tanto en el estado Bolívar como en otras entidades del país. 

Ambos grupos realizan actividades que “se suponen” ilícitas, pero el producto de su esfuerzo es comprado por empresas donde el Estado es socio mayoritario (por lo menos formalmente).

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En buena medida, las Alianzas Estratégicas, requieren de la explotación de los mineros y de la recolección de los chatarreros menores, para obtener los denominados materiales estratégicos para su funcionamiento.

Esclavitud moderna en la explotación de oro

Para que los mineros artesanales operen de manera legal, éstos deben estar inscritos en el Registro Único Minero establecido en el Decretocon Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro.
 

Aunque este registro fue creado en un intento del gobierno por regularizar y proteger a los mineros artesanales, las investigaciones realizadas dejan en evidencia que la mayoría de los mineros no están inscritos en el RUM ni integran las nóminas de ninguna empresa, no cumplen con estándares de seguridad personal o ambiental.

“Los mineros artesanales extraen el oro en condiciones infrahumanas y peligrosas que ponen en riesgo sus vidas, exponiéndolos a contaminación por mercurio y otras enfermedades”, sostiene el informe de Transparencia Venezuela.

La investigación revela que para poder extraer el oro, los mineros artesanales están obligados a entregar porcentajes del mineral a los distintos actores que participan en la actividad. 

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“A las organizaciones criminales que controlan las minas deben dejarles desde 10% de la producción, mientras que a los dueños de los molinos en los que procesan el material les entregan entre 10% y 30% más”, afirma la organización.

Esclavitud moderna y contrabando de chatarra

Una situación similar ocurre en el caso de la chatarra. Existe una prohibición legal de la comercialización de la chatarra que es monopolio del Estado. 

“Muchos chatarreros, recogen y entregan la chatarra en los sitios de recepción de empresas aliadas del Estado, pero si son detenidos por los cuerpos de seguridad, los criminalizan e imputan por tráfico ilícito de material estratégico”, indica.

Los chatarreros representan el eslabón más bajo y débil de esta cadena de tráfico ilícito de chatarra. Son sancionados penalmente sin que se criminalice la acción de los centros de acopio, lugar donde el material es separado para la exportación. 

Se ha denunciado la presencia de niños en el negocio del tráfico de chatarra, lo que origina a todas luces una situación de esclavitud moderna. “Algunos se han visto obligados a realizar trabajos agotadores en minas, hornos de ladrillos, talleres clandestinos y casas particulares”.

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