Tres meses después de que el Ministerio de Salud diera luz verde para que los comités promotores de las revocatorias del mandato en el país empezaran con la recolección de las firmas que necesitan para validar el mecanismo de participación, el proceso que se lidera en Cúcuta contra el alcalde Jairo Tomás Yáñez finalmente podrá retomar su curso.

El Ministerio del Interior, por medio del Decreto 759, designó ayer al alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, como alcalde ad hoc de la ciudad, para vigilar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad exigidos durante el proceso de búsqueda de los apoyos ciudadanos.

Su nombramiento se da luego de que la administración de Yáñez se declarara impedida para cumplir con esa tarea, por cuanto la encargada de adelantar esta función, la Secretaría de Salud de Cúcuta, es un despacho subordinado del mandatario al que buscan revocar de su cargo.

El propio gobernante también advirtió en su momento que se encontraba incurso en las causales de impedimento que establece la ley, toda vez que, en su calidad de primera autoridad del municipio, se vería en la obligación de desplegar todas las actuaciones administrativas para la implementación de las medidas de bioseguridad de la revocatoria del mandato en su contra, “hecho que evidentemente implica un interés directo en el asunto”.

En vista de ello, el 4 de mayo, el procurador regional de Norte de Santander, Libardo Álvarez García, aceptó el impedimento de Yáñez y elevó una consulta a la Presidencia de la República, con el fin de que, por conducto del Ministerio del Interior, se designara un funcionario ad hoc en la capital nortesantandereana para ese proceso.

De acuerdo con lo consignado en el Decreto 759, la designación de Restrepo Gómez se da “para desplegar todas las actuaciones administrativas para la implementación de las medidas de bioseguridad para llevarse a cabo la recolección de firmas para la revocatoria del mandato en contra del señor Jairo Tomás Yáñez Rodríguez”.

El alcalde ad hoc también tendrá que decidir sobre el impedimento presentado por la Secretaría de Salud Municipal.

Superado este trámite, que se había convertido en la manzana de la discordia del proceso que se adelanta desde comienzos de año contra el mandatario local, será la Registraduría Nacional la entidad encargada de entregar los formularios para la recolección de firmas a los miembros del comité de revocatoria ‘De que se va, se va, póngale la firma’, quienes buscan reunir los 33.017 apoyos ciudadanos válidos que se necesitan para que los cucuteños sean convocados a las urnas, con el propósito de decidir si aprueban o no la continuidad del gobernante local. 

La revocatoria será aprobada si se pronuncia a su favor la mitad más uno de los ciudadanos que participen en la convocatoria, siempre y cuando el número de votantes no sea inferior al 40% de la votación válida registrada en Cúcuta en 2019, es decir, tendrán que salir a votar al menos 130.565 personas, porque hace dos años se depositaron 326.414 votos válidos en las elecciones locales.

En los otros dos municipios nortesantandereanos en los que se adelantan procesos de revocatoria, Ocaña y San Cayetano, por ahora no se conoce el nombramiento de un funcionario ad hoc para desempeñar la misma función.