Este martes, en una audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, Iván Cancino, abogado defensor del exsenador Richard Aguilar, pidió su libertad mientras se sigue el proceso que se adelanta en su contra por la presunta celebración irregular de contratos de infraestructura, mientras fungía como gobernador de Santander.

Lo anterior, luego de que la Corte Suprema impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerar que de permanecer libre era inminente una afectación al proceso.

El pasado mes de agosto, esa misma Corte remitió a la Fiscalía el expediente, al considerar que tras su salida del Congreso, perdió la competencia de investigación.

Cabe recordar que Aguilar es investigado por posibles irregularidades en contratos que suscribió entre 2014 y 2015, puntualmente por un contrato en el reforzamiento del Estadio Alfonso López, en la Villa Olímpica de Bucaramanga, en 2015, por un valor superior a los 24.000 millones de pesos.

El 5 de diciembre de 2014 la gobernación, a través de la secretaria de Infraestructura, publicó el aviso de licitación pública para el reforzamiento estructural y adecuación del estadio, el coliseo Vicente Díaz y José Antonio Galán, así como las piscinas olímpicas. Esto por un valor de 15.000 millones de pesos.

El 30 de enero de 2015 el contrato le fue adjudicado a la Unión Temporal Reforzamiento 2015, constituida por las empresas Ingream SAS, Ingeniería, Servicios y Asesorías de Santander y Argeu S.A, cuatro meses después, la entidad giró un anticipo del 40 %, es decir, por 6.111 millones de pesos. Luego se hizo una adición por 6.748 millones de pesos.

En este contrato, Aguilar supuestamente pidió una coima del 10 % del negocio. En total, dijo la Corte, Aguilar habría obtenido para beneficio propio más de 2.400 millones de pesos producto de “coimas”, y habría permitido la apropiación por terceros de recursos públicos del Departamento de Santander por más de 3.500 millones pertenecientes al contrato de obra No. 0766 de 2015, para el reforzamiento estructural del estadio de Bucaramanga.

Cancino señaló que el proceso contra Aguilar ahora se lleva por el sistema penal acusatorio en el que para privar de su libertad a una persona se requiere de la decisión de un juez de control de garantías a solicitud de la Fiscalía.

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El defensor incluso comparó este caso con el del ex senador Álvaro Uribe y dijo que mantener la medida de aseguramiento no resulta propio, dado que se presenta el mismo problema jurídico en ambos casos.

La Fiscalía, a su turno, aseguró que no es viable dejar en libertad a Aguilar y que no se ha vulnerado ningún derecho en el marco del procedimiento, por cuanto, según aseguró, todos los actos que se han realizado desde la sala especial de Instrucción son válidos ante la ley.

Además, el fiscal consideró que, aunque el proceso se debe seguir adelantando bajo las normas de la ley 906, esto no invalida lo actuado por la Corte que lo adelantaba por la ley 600 y dijo que existe un vacío normativo frente al cambio de régimen cuando los congresistas renuncian a su curul.

La Procuradora delegada aseguró que en el debido proceso no se está cuestionando la actuación de la Corte Suprema de Justicia y que, dado que Aguilar no tiene fuero de senador, lo tienen que investigar como exgobernador.

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Añadió que el fiscal del caso puede decidir si le imputa cargos a Aguilar y con ello, en la audiencia, pedir una medida de aseguramiento. Por lo anterior, a juicio de la representante del Ministerio Público, el exsenador debe quedar en libertad.

El magistrado suspendió la audiencia y anunciará su decisión el viernes a las once de la mañana.

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