Las víctimas por artefactos explosivos en Norte de Santander aumentaron de manera considerable en 2023 con relación al año inmediatamente anterior, razón por la cual el departamento pasó a ocupar las primeras posiciones con más afectados por este tipo de acciones.
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De acuerdo con el balance humanitario de la delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), presentado ayer, esta región del país aparece como la tercera con más víctimas de minas antipersonal y restos de explosivos de guerra o artefactos de detonación controlada y explosivos lanzados, al registrar 50 casos. En el primer lugar está Nariño, con 91 afectados, y en el segundo Cauca con 81.
En 2022, Norte de Santander figuraba en la quinta posición, después de Cauca, Antioquia, Nariño y Arauca, con 41 hechos.
De las víctimas registradas el año anterior, 35 eran integrantes de la Fuerza Pública y 15 civiles. De ellos 42 eran hombres y 8 mujeres, entre los cuales estaba un menor de edad. Según el reporte, del total de afectados por los explosivos 15 perdieron la vida: 12 de la Fuerza Pública y 3 personas de las comunidades, principalmente del Catatumbo.
En diálogo con La Opinión, la jefe de la subdelegación del CICR en Bucaramanga, Stephanie Eller, explicó que si bien la situación humanitaria en el departamento, en términos generales, no ha tenido una degradación significativa en los últimos años, la afectación por artefactos explosivos sigue siendo preocupante para la comunidad internacional, en la medida que la principal víctima es la población civil.
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Eller, quien estuvo en Cúcuta presentando el balance humanitario 2023, precisó que aunque es cierto que Colombia se encuentra hoy frente a un cese al fuego con varios grupos al margen de la ley, y Norte de Santander es una de esas regiones donde las acciones armadas están suspendidas, muchos de estos artefactos no tienen fecha de expiración, como es el caso de las minas, y por esa razón sigue habiendo una presencia de estos explosivos en el territorio.
“Hay unos incidentes que se dan con artefactos explosivos que pueden ser de hace cinco años, por ejemplo. Existe una contaminación por restos de explosivo de guerra que no se recogen, que no estallaron y están ahí, y lo preocupante es que los civiles siguen siendo los más afectados”, dijo la representante del CICR en el Nororiente colombiano.
De los 50 casos registrados en Norte de Santander, tres se presentaron con minas antipersonales y restos de explosivos de guerra y 47 con artefactos activados remotamente o lanzados.
A nivel nacional el panorama reflejó una mejora, pues las víctimas directas por este tipo de armas de guerra se redujeron en un 27 %, en comparación con 2022, al pasar de 515 afectados ese año a 380 en el 2023. De estas víctimas, 54% son civiles, 40% integrantes de la Fuerza Pública y 5% pertenecía a algún grupo armado.
“Esto no implica una disminución de la contaminación por armas en el país. Por el contrario, este fenómeno se extendió a nuevas áreas: de los 73 municipios en los que se presentaron accidentes por artefactos explosivos, el 55 % no había reportado víctimas en 2022”, dice el informe del CICR.
Desplazamiento
Aunque la tregua pactada por el gobierno del presidente Gustavo Petro con organizaciones como el Eln y la disidencia de las Farc ha significado una reducción sustancial en la confrontación armada en los territorios, el desplazamiento se mantiene en regiones como el Catatumbo.
Así lo confirmó la jefe de la subdelegación del CICR, quien detalló que en el caso particular de los desplazamientos masivos, este hecho victimizante tuvo un retroceso con relación al 2022. Stephanie Eller señaló que si bien las cifras no son muy altas, frente a los peores años del conflicto en Norte de Santander, los registros de 2023 representan un aumento del 46%, a diferencia de las cifras nacionales que se redujeron en un 13%.
En total, el número de personas que se desplazó de forma masiva en Norte de Santander el año pasado fue de 1.250, de las 50.236 que tuvieron que hacerlo en todo el país.
En cuanto a desplazamientos individuales, esta zona del país reportó 10.220 personas afectadas por esta situación, posicionando a Norte como el sexto departamento con más casos.
“Lo que es interesante en el caso de Norte de Santander es que las cifras más importantes son los desplazamientos individuales y ahí lo que pasa no tiene que ver con un enfrentamiento constante, sino más con las condiciones que puede haber en la zona, como amenazas de muerte, de reclutamiento, de uso de niños, niñas y adolescentes, afectaciones al personal de salud, entre otros”, dijo Eller.
La representante del CICR aseguró que en este caso lo que está haciendo la delegación es trabajar con la Fuerza Pública y los grupos armados que hay en el territorio, para sensibilizarlos sobre la importancia del respeto al Derecho Internacional Humanitario.
“Todo el trabajo que se está haciendo es sobre el DIH, porque puede ayudar a generar condiciones para un alivio humanitario y que permitan un ambiente más propicio para las negociaciones. Entonces, también estamos haciendo un llamado en el informe y en el diálogo confidencial que sostenemos con ellos, para tratar de alcanzar unos acuerdos especiales”, manifestó.
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En el informe anual sobre la situación del país, el jefe de delegación del CICR en Colombia, Lorenzo Caraffi, también insiste en que es necesario el Estado colombiano y los grupos armados sitúen las preocupaciones humanitarias en el centro de los diálogos de paz.
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