Cerca de 60.000 familias de Cúcuta serían beneficiadas con la expedición del Decreto 523 por parte del Ministerio de Vivienda, que reglamenta la legalización de barrios y la titulación de predios, en un trabajo que deberá liderar la administración municipal. 

La Ley 2044 de 2020, de la cual fue ponente el senador nortesantandereano Andrés Cristo (Partido Liberal), estableció las normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales y le pedía al Minvivienda definir la hoja de ruta para cumplir con ese proceso, del cual se beneficiarán más de tres millones de hogares en todo el país.

Según el congresista, el reto de empezar con la legalización se encuentra en estos momentos en manos de las alcaldías, que deberán avanzar en las diferentes fases que se requieren cumplir para que, por ejemplo, “Cúcuta pase de ser una ciudad de poseedores a propietarios de predios”. 

“Hay tres tipos de bienes en donde se han levantado asentamientos ilegales en Cúcuta: los primeros son bienes del Estado, o fiscales, que fueron descuidados y se invadieron; los segundos son los bienes baldíos, que son del municipio y que no han sido legalizados; y por último están los bienes con propietarios que fueron invadidos por un tercero”, explicó el senador. 

Frente a estos escenarios, la norma establece que las administraciones municipales, a través de sus Secretarías de Planeación y Vivienda, serán las encargadas de coordinar con la Superintendencia de Notariado y Registro la identificación de dichos terrenos o barrios, mapear, lotear y negociar con los poseedores un valor sobre el mismo.  

“Realmente hay mucho trabajo para los alcaldes. Esta noticia los debe tener contentos porque van a solucionar problemas que llevan años. Hay que gestionar ante el Gobierno Nacional que se monte un documento o se establezca un OCAD para cuando llegue el momento de negociar”, planteó el senador. 

Para Cristo, una de las ventajas de esta reglamentación es que los poseedores ya podrán invertir en el predio porque van a ser titulares o propietarios. “También pueden ir a un banco para que les presten capital y así emprender”, dijo.

El dirigente político recordó que, “muchos colegios y puestos de salud, por ejemplo, son bienes fiscales y no han podido ser remodelados porque no son de nadie, pero ahora sí se pueden intervenir y aportar en impuestos. Es un gana-gana”. 

Así se trabajará en Cúcuta 
Desde la aprobación de la Ley 2044 de 2020, en junio del año anterior, la Alcaldía viene trabajando en su implementación y para ello avanza en la creación de un comité de legalización conformado por las Secretarías de Gestión y Desastres, Infraestructura, Vivienda, Gobierno y el Departamento de Planeación Municipal. 

La Secretaría de Gobierno será la encargada de aplicar el control en la conformación de los nuevos asentamientos informales que se están constituyendo en este momento, para evitar que se siga expandiendo esta práctica. Entre tanto, la Secretaría de Gestión del Riesgo entregará la documentación técnica sobre los estudios y amenazas del proceso de legalización. 

Por su parte, la Secretaría de Vivienda tiene a cargo el proceso de titulación y la Secretaría de Infraestructura hará el acompañamiento técnico del proceso de aplicación de la norma. 

La Alcaldía viene recibiendo apoyo de agencias de cooperación internacional como Acnur, GIZ, y de entidades locales como la Diócesis de Cúcuta, empresas de servicios públicos, la Universidad Francisco de Paula Santander, entre otras. 

“Respecto al tiempo de legalización, no se ha podido determinar un periodo específico, debido a que cada proceso requiere un tratamiento diferente por factores externos como: orden público, zonas de alto riesgo, afectaciones por lluvias, agilidad en los estudios, entre otros”, informó la administración. 

Este año, la Alcaldía de Cúcuta proyecta terminar los procesos de legalización de seis asentamientos, siempre y cuando factores externos no afectan el cronograma. 

Por ahora, el gobierno local adelanta la socialización sobre las generalidades de la regularización y legalización con la comunidad, así como la caracterización socioeconómica y otros trabajos de campo.