Cansados de tantas promesas sin resultados concretos, los campesinos afectados por la avalancha ocurrida el 31 de mayo del 2023 en el sector de El Tarrita, decidieron cerrar el paso en la carretera Ocaña-Cúcuta como mecanismo de presión para el cumplimiento de lo propuesto por el Gobierno.

Los damnificados desde tempranas horas, bloquearon los puentes metálicos provisionales a la espera de unas mesas de concertación donde los funcionarios del orden nacional asuman compromisos serios y reales para frenar la aguda crisis económica de los últimos meses.

El mandatario de esa población, Huber Darío Sánchez Ortega, activó el Puesto de Mando Unificado, para mitigar los efectos de la parálisis en la arteria vial y buscar alternativas encaminadas a solucionar los problemas registrados en la carretera por el desastre natural.

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Los manifestantes reclaman el reasentamiento de las 140 familias que lo perdieron todo durante la avenida torrencial y los escándalos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, que según ellos, impide avanzar en la adquisición de los predios.

Exigen celeridad en los trabajos para superar la emergencia vial y denuncia el despilfarro de los recursos asignados para la urgencia manifiesta. Además, apenas se abre el concurso para seleccionar la firma del convenio para los estudios y diseños de un nuevo trazado para encontrar una solución definitiva.

También denuncian la vulneración de los derechos fundamentales a la educación, ya que los niños reciben clases en los garajes de un hotel sin las mínimas condiciones pedagógicas y tampoco cuentan con el servicio del transporte escolar.

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En sus peticiones convocan la presencia de los gremios de transportadores, ministros, el nuevo director de Gestión del Riesgo e incluso al presidente de la República para que conozcan la magnitud del problema.

 Asimismo, al Servicio Geológico Colombiano hacer un perfilamiento de la cuenca hidrográfica ya que puede ocurrir una remoción en masa de mayores consecuencias y causar una tragedia de grandes proporciones si no se toman los correctivos a tiempo.

 A través de un comunicado los afectados indican que el cierre es indefinido hasta tanto no encuentren soluciones concretas al pliego de peticiones.

 Esperan que el Gobierno Nacional entienda la magnitud del problema, asigne los recursos, acelere los procesos de la compra de los predios para ubicar a los damnificados, debido a que el impacto socioeconómico es bastante grande para el oriente colombiano.

 El gremio transportador indica que las pérdidas son incalculables por el taponamiento de la vía y esperan la concertación con las comunidades.

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