Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de 'falsos positivos' denunciaron al expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la justicia penal argentina, con el fin de que se investigue al exmandatario por crímenes de lesa humanidad, confirmó a Colprensa el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar).
Sebastián Escobar, vocero del colectivo Cajar, explicó desde Buenos Aires a Colprensa que optaron por Argentina para denunciar a Uribe gracias a que allí se reconoce el principio de justicia universal.
"Muchos países que reconocen la jurisdicción universal tienen muchas limitaciones", indicó Escobar. "Por ejemplo, que la persona contra quien se lleva la causa resida en el país o que las víctimas residan en el país. Respecto al caso de Argentina, esa limitación no existe, puede juzgar a personas en cualquier lugar del mundo y con las víctimas en cualquier lugar del mundo", precisó.
En Colombia, aunque la justicia ordinaria y la justicia transicional han avanzado en el esclarecimiento del fenómeno de las muertes y desapariciones presentadas como bajas en combate, 'falsos positivos', ningún tribunal tiene competencia para investigar a un expresidente por esos hechos. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por su parte, nunca ha emitido un pronunciamiento claro sobre el papel que Álvaro Uribe pudo, o no, tener.
La denuncia llegó el pasado 7 de noviembre al despacho del Juzgado Federal 2 de Buenos Aires, que está a cargo del juez instructor Sebastián Ramos, y recoge el reclamo de once familiares de víctimas y de tres organizaciones.
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Las oenegés que acompañaron la radicación fueron el Comité de solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL).
El grupo de denunciantes se ampara en el principio de jurisdicción universal para delitos de lesa humanidad, una suerte de máxima en el derecho que indica que cualquier Estado puede juzgar ese tipo de crímenes aunque no haya ocurrido en su territorio. En 2016, por ejemplo, la agencia EFE registró que trece Estados aplicaron ese principio en 47 casos distintos.
Uno de esos países es Argentina, donde se investigan, por ejemplos, crímenes cometidos durante la dictadura franquista en España. Otro motivo para escoger a ese Estado, dijo Sebastián Escobar, es que "es un país latinoamericano hispanoparlante, y eso facilita un poco la comunicación de las víctimas y de las organizaciones con las autoridades judiciales".
El miembro del Cajar señaló que decidieron presentar su denuncia después de las elecciones porque no querían verse señalados como promotores de algún tipo de injerencia durante la etapa electoral.
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Asimismo, la denuncia de este año tiene que ver con "el avance que han tenido algunas de las instancias nacionales respecto a militares". "Sabemos que Uribe no se puede juzgar en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero la Jurisdicción ha hecho un importante trabajo a la hora de identificar patrones respecto a militares, que han sido también una base importante para poder construir esta querella", concluyó.
La JEP ha registrado, según su mecanismo de recolección de datos, que en el país se pudieron haber cometido 6402 casos de 'falsos positivos', un hecho delictivo que fue sistemático y por el que varias familias aún se encuentran en la búsqueda de sus seres queridos. Los denunciantes en la capital argentina, en todo caso, solo recogen 6113 asesinatos o desapariciones que sucedieron entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008.
“Venimos a denunciar la participación de Álvaro Uribe Vélez en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, por considerarlo penalmente responsable de por lo menos 6.112 asesinatos y desapariciones de personas en estado de indefensión que fueron ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, dice el texto, que tiene más de trescientas páginas.
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