El miedo, la incertidumbre, el silencio y la desesperanza, recorren hoy cada rincón de la zona rural de Cúcuta que colinda con Puerto Santander y la frontera con Venezuela. Nadie se atreve a hablar abiertamente de lo que está pasando allá, pues quien lo haga, sabe que queda sentenciado al destierro, la desaparición o la muerte.

Esa ‘ley del terror’ la vienen imponiendo los grupos armados ilegales desde hace más de dos décadas. Hoy, la repican el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), organizaciones criminales que se disputan ese territorio, porque quieren aumentar su imperio económico y su poder.

Y en medio de esa guerra ha quedado la población civil, que aunque les han asegurado a los ilegales que no quieren hacer parte de ella, les ha tocado vivirla a la fuerza, perdiendo a muchos familiares, amigos y conocidos, y hasta abandonando lo poco que han logrado conseguir con su trabajo diario.

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Hace tres días, los habitantes de Banco de Arena, La Punta y Palmarito volvieron a sentir esa sombra de la muerte que los persigue diariamente, sin ellos estarla buscando. Uno de los líderes comunales de esa zona fue asesinado vilmente, se trata de Eliécer Sánchez Cáceres, quien lo acompañaba, Hernando Sogamoso, también perdió la vida al recibir varios disparos.

Ellos dos, según habitantes de esa zona, son otras víctimas inocentes de ese control territorial que ejercen los grupos armados ilegales, especialmente los gaitanistas, quienes se pasean tranquilamente por ese lugar y bajo la mira inerte de la Policía y el Ejército, haciendo de las suyas y sin que alguien pueda reaccionar.

Sánchez y Sogamoso fueron asesinados cuando iban a una reunión, pero no como le dijo la Policía a este diario: “que se dirigían a una cita con el Eln”. El rumbo de ellos era a un encuentro con una organización internacional que adelanta un plan para evitar el reclutamiento de menores de edad en zonas de conflicto.

Esto lo aseguran hoy varios habitantes de ese sector que se encuentran indignados por lo ocurrido, pero que prefieren el anonimato para evitar ser declarados objetivo militar por parte de las Agc. “Eso que dicen las autoridades que nosotros nos reunimos con actores armados, es estigmatizarnos y ponernos una lápida en el cuello, porque nosotros les hemos dejado en claro, tanto a los ilegales como a la Policía y el Ejército, que no estamos con ninguno de ellos”.

Otras personas que también iban con sus hijos para esa reunión, que sería cerca de Palmarito, se salvaron de morir, porque al escuchar los disparos de pistola, se detuvieron y se devolvieron para sus casas. Enterándose minutos después de la trágica noticia del doble asesinato.

Ayer, hacia las 2:00 de la tarde, fue el sepelio de Eliécer Sánchez. Sus familiares y amigos celebraron una eucaristía en la iglesia San Vicente Ferrer y le dieron el último adiós en el cementerio del corregimiento Aguaclara.

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Por el miedo se desplazaron

El doble homicidio del sábado aumentó el pánico entre la comunidad de esa parte de la zona rural de Cúcuta, provocando que alrededor de 40 personas salieran huyendo y dejaran sus viviendas abandonadas.

Y el domingo, cuando una comisión de la Defensoría del Pueblo visitó la zona, pudo comprobar que la zozobra e incertidumbre que hoy se vive en ese lugar es tan grande, que las calles permanecen desoladas y nadie se arriesga a contar lo que están viviendo.

Un habitante de la zona le contó a La Opinión que ante esas circunstancias y por las amenazas que ya comenzaron a rondar por ese lugar, prefieren no hablar ni con las organizaciones defensoras de derechos humanos. “Los gaitanistas ya dijeron que a quien escuchen hablando de más, lo matan. Lo mejor es callarse y esperar a ver hasta cuándo aguantamos”.

Un representante de una organización defensora de derechos humanos aseguró que muchos de los habitantes de Banco de Arena han salido de la zona hacia otras poblaciones cercanas, quedándose con algunos familiares, pues temen que se dé una arremetida de las Agc.

“En ese lugar se está viviendo lo mismo que Tibú. Si alguna persona habla o le ayuda a algún miembro de uno de los actores armados, llámese Eln, Agc, Policía o Ejército, puede ser asesinado, desplazado o desaparecido. La situación que hoy se vive en esa región es muy complicada y lo peor de todo es que el Gobierno no hace algo para proteger a la población civil”, señaló el defensor de derechos humanos, quien pidió reserva de su identidad.

Se sienten ‘secuestrados’

Habitantes de esa zona también afirmaron que se sienten ‘secuestrados’ en sus poblaciones. “Acá quienes imponen las leyes son los grupos armados ilegales. Por lo menos, los gaitanistas ya sacaron un toque de queda, donde no quieren ver a nadie en la calle ni con las puertas abiertas de sus casas, después de las 6:00 de la tarde”, señaló un labriego.

Añadió: “lo peor de todo, es que usted ve cuando los paracos pasan por Banco de Arena, La Punta o Palmarito en motos y armados, ni la Policía ni el Ejército hace algo para detenerlos. Muchos de los asesinatos se han dado a menos de 200 metros de la estación de Policía, donde se la pasan los militares y usted cree que ellos salen a verificar qué pasó. Nada. Mire no más, el sábado mataron a Eliécer a menos de 500 metros de la estación y le tocó ir a los organismos internacionales a verificar lo sucedido y fueron ellos los que le avisaron a la Policía”.

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Según se pudo conocer, en lo corrido de este año, en la zona rural de Cúcuta, que colinda con Puerto Santander y la frontera con Venezuela, han sido asesinadas alrededor de medio centenar de personas.

“¿Pero usted cree que las investigaciones de estos homicidios han dado algún resultado? La Fiscalía y la Policía cómo van a resolver algo, si quienes hacen los levantamientos de los cadáveres son las funerarias. A esa zona no van las autoridades porque les da miedo, ahora imagínese que sienten las personas que viven allá”, manifestó el defensor de derechos humanos.

Otros campesinos de esa zona indicaron que los gaitanistas han sacado obligados de las viviendas a los habitantes de esas poblaciones para hacer reuniones, donde les imponen sus leyes. “Hace poco menos de un mes, fueron de casa en casa y nos sacaron a todos para decirnos que nadie se podía desplazar y que no querían saber que alguien estaba de sapo con la Policía o Ejército y que por cada captura que se diera, matarían a uno de nosotros”, sostuvo un habitante de ese sector, quien pidió la reserva de su identidad.

Agregó: “Por Banco de Arena, Palmarito, La Punta, La Arenosita, 5 de Mayo y El Suspiro, se la pasan los gaitanistas, mientras que el Eln se mueve por Vigilancia y El Infierno. Muchas de las personas que han matado acá son inocentes y solo por rehusarse a ayudarlos o darles posada en las fincas, los sentencian a muerte. Nosotros acá ya estamos cansados de todo esto, no queremos estar en medio de esta guerra, no estamos con ningún grupo armado y lo que pedimos es que nos saquen de todo esto”.

Homicidios, secuestros, desapariciones y abusos sexuales

Cada vez que en esa zona se registra un asesinato, los habitantes ya tienen claro que las Agc son las responsables, pues ya han visto a los homicidas merodeando por la zona. “Ellos son tan descarados que se sientan en alguna tienda a tomar gaseosa a esperar a la víctima, por eso cuando alguno de ellos llega a un negocio, la gente decide irse y dejarlo solo”, indicó un campesino.

Con el crimen de Eliécer Sánchez ya van tres líderes comunales asesinados este año. El primero fue William Antonio Rodríguez Martínez, ocurrido el pasado 16 de enero; luego mataron a Gertrudis Hernández Leal, sucedido el 9 de julio.

Pero las personas que residen en esos sectores saben la historia de cada una de las víctimas que han sido baleadas y prefieren callar, antes de contarles a las autoridades, pues saben que podría ser un riesgo.

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Además de homicidios, en esa zona se han presentado secuestros y desapariciones. “Hace unas semanas, los gaitanistas se llevaron a unos ingenieros, lo que sabemos es que llamaron a sus familias y les pedían $25 millones por cada uno, para dejarlos libres, no sabemos si en fin pagaron. También está el caso de unos señores que iban por un trasteo y como no eran de la zona se los llevaron y les quemaron el carro, a ellos los desaparecieron”, contaron algunos habitantes de ese lugar.

A esto, se le suma las posibles violaciones y abusos sexuales que estarían padeciendo las niñas de esos sectores. Según unos labriegos, “esos tipos ahora están enamorando a las niñas, no son adolescentes, sino pequeñitas de 13 y 14 años, ofreciéndoles plata y dándoles hasta motos, para satisfacer sus deseos sexuales, pero a eso ninguna autoridad le presta atención”.

Ocho meses de incursión y muy pocas acciones

Desde mediados de diciembre del año pasado, en la zona rural de Cúcuta y de Puerto Santander se comenzó a tejer una nueva historia violenta, donde sus protagonistas principales son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y Los Rastrojos, que llegaron a un acuerdo para cerrarle el paso al Eln, pues esta guerrilla en un año logró apoderarse en gran medida de los negocios de narcotráfico y contrabando, al igual que las extorsiones, que se dan por esa zona fronteriza con Venezuela.

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Una vez sellaron esa fusión, alrededor de 50 integrantes de los gaitanistas fueron enviados desde el Urabá antioqueño hacia la zona rural de Cúcuta. Su misión era muy clara: recobrar el poder y la hegemonía que Los Rastrojos tuvieron por casi 12 años en más de 20 kilómetros de línea fronteriza, entre las poblaciones de Guaramito, Agua Clara, Buena Esperanza, Puerto León, Banco de Arena, Palmarito, Vigilancia, La Punta, La Silla, El 25 y Puerto Santander.

Aunque la Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido lo que ha venido pasando, hasta el momento no se ve una acción contundente contra estos grupos armados ilegales.