La Opinión
Suscríbete
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Economía
Equilibrar las finanzas públicas, otro reto para el gobierno de Petro
El presupuesto de Colombia tiene un déficit fiscal de $62 billones.
Authored by
Image
La opinión
La Opinión
Viernes, 5 de Agosto de 2022

El gobierno de Gustavo Petro, que comenzará el próximo domingo, tendrá que equilibrar la olla raspada de las finanzas públicas y asumir el reto de financiar un presupuesto con un déficit fiscal de $62 billones.

A esto se suma la dura regla fiscal de la Ley 2155/21 de no permitir financiar el gasto con deuda pública para la vigencia fiscal de 2023, según el analista Henry Amorocho Moreno, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quien considera que la salida viable y pragmática es la de acudir a una reforma tributaria estructural, la cual ya anunció el designado ministro de Hacienda. 


Le puede interesar: Farmatodo planea abrir en Cúcuta durante el segundo semestre


Para el experto, además del déficit fiscal del 5.6% del PIB, se espera que al cierre de 2022 haya un déficit entre $31 y $34 billones en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). 

Según se observa en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el nuevo gobierno deberá girar al FEPC $28.5 billones para cubrir las deudas y el déficit entre 2023 y 2025, con el objetivo de amortiguar la amenaza que generaría un alto precio de la gasolina en momentos en que el nivel anual de los precios que llega al 9.67% a junio de 2022.

“El nuevo gobierno tendrá que ajustar la economía y se verá en la necesidad de hacer un fuerte aumento del recaudo y una reducción del gasto que, para el año 2023, se va a dar en el presupuesto de inversión pública con una reducción de un sexto (1/6) del presupuesto de inversión de 2023, es decir, $10.5 billones”, agregó Amorocho.

Comprometidos $24 billones que afectarían el Plan de Desarrollo

El economista manifestó que una reciente revisión hecha por analistas de medios de comunicación muestra que, entre mayo y julio de este año, se han comprometido $24 billones que afectarían el Plan de Desarrollo del gobierno entrante, mediante la figura de documentos CONPES.


Lea aquí: Cúcuta es una muy buena plaza para el mercado aéreo, dice fundador de Ultra Air


Según el análisis del experto en Hacienda Pública, ejemplo de esto es el documento CONPES 4098/22, que fue aprobado para impulsar la competitividad agropecuaria, comprometió vigencias futuras por $6.3 billones hasta el 2031; la estrategia para la integración de la población migrante venezolana como factor de desarrollo para el país, con valor de $13.3 billones, que también prevé la utilización de vigencias futuras; el proyecto de inversión para mejorar la infraestructura de la Policía con la autorización de vigencias futuras hasta 2027, según el CONPES 4097, por $500.000 millones.

Igualmente, una contratación del 21 de julio de 2022, mediante la cual se comprometen por 3 años todas las compras de medicamentos que hacen los hospitales públicos, el ejército y la Policía Nacional por valor de $2,4 billones.

“Este comportamiento de autorizar vigencias futuras en el último año de gobierno contraría claramente lo dispuesto en la Ley Orgánica del Presupuesto 819 de 2003, pues esta proscribe claramente la autorización de vigencias futuras de carácter no estratégico en el último año de gobierno, ya que este tipo de decisiones administrativas atentan directamente contra el principio constitucional y legal de planeación”, explicó Amorocho.


Lea también: 8 empresas de Norte de Santander aparecen en el listado de las 1.000 mejores


Recordó que la economía colombiana apenas empieza la recuperación económica y, antes que políticas contraccionistas, se requiere una administración eficiente del gasto público y de un nuevo plan de desarrollo que le haga la venia a una economía productiva, la cual propulse sectores tan rezagados como la agricultura y la industria, y esto no se logra con altas tasas de interés y reduciendo la inversión pública en cerca del 1% del PIB, “como se deja ver en los marcos fiscales y de gasto de mediano plazo disponibles en la víspera de la presentación del Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones de la Nación para el año 2023”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Temas del Día